El pos ‘85: un ciclo de RETROCESO OBRERO y reconfiguracion de LAS CLASES

Tras la imposición del “Decreto supremo” 21060 ( [1]), y a pesar de duros e importantes combates en estos últimos catorce años, el proletariado boliviano ha sufrido una serie importante de derrotas. La magnitud de las mismas se puede evidenciar en que la burguesía logró cerrar todo un ciclo de guerra civil intermitente que se abrió luego de la guerra del Chaco y que tuvo sus picos mas elevados en los tres momentos históricos desarrollados líneas arriba. Importantes conquistas del movimiento obrero y de masas fueron liquidadas una a una, mientras se acentuó, como resultado de las dos grandes olas de “reformas estructurales” -la primera bajo el gobierno de Paz Estenssoro y la segunda bajo “Goñi” Sánchez de Losada- el dominio directo del capital financiero sobre la economía nacional, reconfigurando parcialmente la composición y estructura de las clases sociales nacionales, y profundizando la semicolonización del país. Como parte de este proceso de reconfiguración del país y sus clases, estuvo la privatización (“capitalización”) del conjunto de las empresas del estado, como fue con LAB, los ferrocarriles, YPFB, las compañías eléctricas, la distribución de aguas, teléfonos, y por último, los seguros sociales. Por otro lado, la minería, luego del desguace de COMIBOL, fue entregada a grandes monopolios del ramo, centralmente canadienses y norteamericanos, generando una nueva y mayor concentración del capital y provocando la fuga de pequeños y medianos empresarios hacia los sectores de baja composición orgánica del capital, como la agroindustria cruceña y servicios. Nuevos y grandes bolsones de pobreza con varios miles de ex trabajadores mineros que quedaron reducidos a la simple condición de cooperativistas volcados sobre lugares donde los minerales de ley baja son los que priman, como desmontes y minas agotadas, fueron parte de las consecuencias directas de este proceso.

Durante el ciclo de “reformas neoliberales” (gobiernos de Paz Estenssoro, Paz Zamora, Sánchez de Losada y el actual de Banzer), la burguesía, luego del terrorismo económico que significó la hiperinflación de un 11.700% de la UDP, logró aislar al proletariado y -apoyándose primero en la estabilidad inflacionaria y, luego, en el aumento de la inversiones extranjeras directas debido a las privatizaciones- forjarse una cierta base social entre las clases medias urbanas y “gremiales”, que estuvo basada en la defensa de la “estabilidad” económica y en un crecimiento promedio de un 4% anual, y que se vio expresada políticamente en pactos como el “Compromiso por Bolivia” actual y diversos acuerdos de gobernabilidad desde 1986 en adelante.
La relación de la economía nacional con el mercado mundial durante el ciclo abierto en el ‘52, donde las oscilaciones de los precios internacionales del estaño y un puñado de minerales se manifestaban en violentas convulsiones políticas y sociales, cedió paso a una mayor y estrecha relación con el capital financiero internacional. Hoy el conjunto de las empresas del estado, salvo algunas excepciones, han pasado a manos de grandes compañías extranjeras, así como a una mayor dependencia sobre la base de créditos otorgados en forma permanente que, en alguna forma, le permitieron a la burguesía contener los estallidos políticos y sociales característicos de la vida política boliviana, sobre la base de llevar al conjunto del país a ser uno de los primeros 40 países hiperendeudados, convirtiéndose en un “feudo” más del BM, y el FMI. La nueva ubicación del país en el destino de sus exportaciones -donde han disminuido las orientadas directamente a los mercados imperialistas con relación al periodo previo al ‘85 mientras crecen las destinadas a los países latinoamericanos [2]-, junto con los créditos recibidos, han permitido coyunturalmente que la burguesía postergase los efectos de la crisis económica internacional, sacando ventajas coyunturales de un mayor atraso y dependencia pero acumulando contradicciones en el largo plazo aún más explosivas y de difícil resolución.

El movimiento obrero

Algunas corrientes e intelectuales, han planteado que todo este proceso llevó a una “desproletarización” de Bolivia, afirmación que no tiene ningún asidero real. El rol decisivo de la clase obrera en la producción no ha disminuido sino aumentado. Actualmente, la industria y los servicios (lo que incluye a algunos de los sectores más modernos y concentrados) y, por lo tanto, los trabajadores que en ellos se desenvuelven siguen aportando el grueso del Producto Bruto Interno, con una participación del 57% los servicios, un 26% la industria, y sólo un 17% la agricultura.

Según señala García Linera, “el total de trabajadores dedicados a la industria manufacturera desde el año 1986 en las ciudades capitales ha subido de 117.103 personas a 150.000 en 1991, a 231.000 en 1995 en ciudades capitales, y a 393.623 en 1997 en todo el país. Según la Cámara Nacional de Industrias alrededor del 38% de los trabajadores se concentran en industrias de más de 30 operarios en tanto que otro 38% lo hace en las manufacturas que tienen entre 1 y 4 obreros. Igualmente, la cantidad de obreros de la construcción ha subido de 47.000 en 1986, a 53.000 en 1991 y a 106.000 en 1995 en ciudades capitales, y a 188.203 en todo el país en 1997. Por su parte, los trabajadores en el sector minero han pasado de 47.000 en 1986 a 74.000 en 1991 y a 63.846 en 1997, aunque la mayoría sean cooperativistas.

En general, en 1995 en las ciudades capitales, de 1.256.000 personas económicamente activas, cerca de 530.000 son trabajadores asalariados ocupados en ramas productivas desde el punto de la valorización del valor (manufactura, construcción, minería, transporte, electricidad, gas, agua). En tanto que tomando en cuenta a los 3.569.741 de la población trabajadora en todo el país, en 1997, 1.521.541 trabajan en la agricultura, 1.394.317 son trabajadores que venden su fuerza de trabajo bajo la forma de esfuerzo laboral remunerado o de productos, y 826.875 son trabajadores productivos que valorizan el valor, esto es, producen plusvalía en el proceso de producción (minería, manufactura, electricidad, energía, agua, luz, construcción, transporte y almacenamiento).” [3]
Estos datos muestran claramente que no hay ninguna base “estructural” que permita negar el papel central de la clase obrera en la revolución boliviana. La tesis de la “desproletarización” se muestra completamente falaz. Sin embargo, García Linera devalúa la incidencia en las filas obreras de la ofensiva capitalista de los últimos años. El proletariado minero tradicional, vanguardia de la clase durante más de medio siglo ha sido dispersado, y que desde la dictación del D.S. 21060 los trabajadores han venido sufriendo una constante ofensiva del capital que les ha arrebatado las viejas conquistas y empeorado enormemente las condiciones de trabajo, los salarios, etc. No puede livianamente eludirse, aludiendo al número de personas que trabajan en las minas, que en cooperativas o como pequeños productores la fuerza de los mineros está completamente diluida en relación a cuando éstos eran parte conjunta de una misma estructura, la COMIBOL.

Por eso afirmamos que no estamos, ante una supuesta “desproletarización” sino frente a un profundo cambio en la situación y composición interna de la clase obrera, producto de casi dos décadas de ofensiva capitalista sobre el movimiento obrero y de masas, ofensiva que ha podido avanzar apoyándose en la colaboración de la burocracia sindical, que ha permitido sucesivas derrotas y desgastes. La “crisis del movimiento obrero” no es fundamentalmente social sino ante todo política: es la crisis del reformismo: de los métodos de organización y lucha basados en la colaboración de clases y presión sobre el estado burgués.

Con las privatizaciones, los mineros, centro político del proletariado boliviano, fueron desarticulados. La COB ha perdido fuerza material: el porcentaje de trabajadores afiliados a los sindicatos ha disminuido en forma importante, llegando algunos a afirmar que sólo alrededor de un 20% de los trabajadores tiene actualmente pertenencia sindical. Los mineros que lograron sobrevivir a la relocalización quedaron enormemente disminuidos en número [4], y perdieron la centralidad que les otorgaba el pertenecer a COMIBOL (en 1985 fueron despedidos 20.000 de los 27.000 mineros que había en la empresa minera estatal), quedando fragmentados en muchas nuevas empresas privadas, con salarios y necesidades inmediatas desiguales, y que atentan contra la rápida centralidad como sucedía en el periodo previo. El proletariado petrolero, uno de los más importantes en los últimos años, aplastado por una burocracia que no le interesa mantener ni en las formas la independencia de clase, sometidos a trabajo semi esclavo en la exploración y perforación de pozos, los trabajadores fabriles fragmentados, precarizados, sin experiencia política y sindical.

La política sostenida por décadas por la burocracia cobista ha postrado en la impotencia, a pesar de su extraordinaria combatividad, al proletariado boliviano, permitiendo no sólo la pérdida de conquistas sino incluso que un dictador asesino como Bánzer ostente el título de haber llegado a la presidencia utilizando el sufragio universal.

En más de una década, han sido numerosas las luchas del movimiento obrero y de masas. El magisterio ha protagonizado una tenaz resistencia contra los ataques gubernamentales, producto de la cual dirigentes sindicales del POR se han consolidado en federaciones decisivas del sector. En 1991-93 y 1995-97 se han producido dos importantes ciclos de lucha, incluyendo huelgas generales de la COB.

Sin embargo, las sucesivas camarillas burocráticas que han encabezado la COB, han compartido todas la misma estrategia de presión y de colaboración de clases, encerrando los importantes ciclos de lucha y resistencia que ha habido en reclamos sectoriales, para terminar traicionando en infinitas mesas de negociación con los gobiernos de turno. Así ha dejado pasar todas las capitalizaciones, la contra-reforma agraria, etc., profundizando la crisis de la COB.

La burocracia debilitada y en crisis se mantiene haciendo referencia a los símbolos del pasado. La importancia de la COB a lo largo de su historia, así como el papel cumplido como centralizadora de la clase obrera no sólo en términos sindicales sino políticos, es usurpado por la burocracia para realizar todo tipo de traiciones y capitulaciones. La “unidad sindical” o de la “defensa del carácter proletario de la COB” son utilizados por los burócratas como fetiches para defender sus privilegios. El papel revolucionario de la consigna de “pliego único” que permite unir a distintos sectores en lucha fue rebajado al nivel de una sumatoria de más de 200 consignas incapaces de moralizar y lanzar al combate al conjunto de las masas trabajadoras, y romper el aislamiento obrero actual. Bajo la excusa de evitar el “paralelismo sindical”, la burocracia sindical logró evitar la conformación de organismos alternativos para la lucha dirigidos y controlados directamente por las bases obreras, o incluso de la coordinación independiente de las acciones de los sectores más combativos en las últimas huelgas generales, como por ej., maestros, salud y cocaleros, logrando así disciplinar al conjunto de la clase detrás de cada nueva ronda de negociación que emprendían las cúpulas cobistas con el gobierno, y donde se terminaba de desbaratar grandes luchas de resistencia a los planes de ajuste. Sólo en momentos que tales organismos no podían surgir, burócratas de distinto pelaje se atrevieron a proclamarlos pero sin acompañarlos y generalizarlos, preparando de esta manera nuevas traiciones al movimiento de masas, como sucedió en Amayapampa, donde surgieron formas de autoorganización independiente que quedaron a merced de la represión. La hegemonía proletaria de la COB, frente a la creciente presión de las direcciones campesinas que reclaman hegemonizar la central, es transformada en un fetiche por la burocracia para evitar, como ocurrió en los últimos Congresos de la COB, todo cuestionamiento de fondo a su política y estrategia, como por ej. en el congreso de Trinidad.

El POR, a pesar de tener dirigentes reconocidos al frente de sindicatos como el magisterio -sector que ha jugado en todos estos años un gran papel en la resistencia del movimiento obrero y de masas- y de salud, no ha ofrecido ninguna alternativa que cuestione de cuajo esta política. Durante todo este período de pérdida de conquistas en medio de duros combates, el POR ha mostrado su completa inutilidad para ser alternativa a la burocracia cobista. Su política se ha limitado a plantear “medidas más contundentes” cada vez que la dirección de la COB inicia una rueda anual de luchas de presión. Cuando la burocracia sindical lanzaba una huelga por aumento salarial, el POR reclamaba salario mínimo vital y móvil; si la burocracia sindical lanzaba una huelga de hambre, el POR agitaba la necesidad de la huelga de hambre dura, y así sucesivamente, actuando como un pequeño aparato de extrema presión sobre la burocracia sindical. Si la política del POR de presión sobre la burocracia cobista en todo el período previo al ‘85 se apoyaba en el fuerte control que ésta ejercía sobre la clase obrera y la sindicalización masiva de los trabajadores, hoy esta misma política, con una burocracia cada más fragmentada y cooptada, con cada vez menos trabajadores siguiendo sus directivas, se convierte en verdaderamente caricaturesca e impotente.

La pequeño burguesía urbana

No sólo los sectores altos de la pequeñoburguesía, sino incluso sectores más pobres de la pequeño burguesía urbana, centralmente dedicados al comercio, fueron base social de los gobiernos de la última década. Sin embargo, en estos últimos dos años, los crecientes efectos de la crisis económica mundial, así como la necesidad por parte del gobierno banzerista de cumplir con las medidas exigidas por el FMI -para lo cual busca disminuir el alto déficit fiscal sobre la base de nuevos y más altos impuestos a los sectores populares-, han empezado a provocar un creciente malestar en las clases medias pobres. La búsqueda de imponer el impuesto a las ganancias sobre los gremiales, así como el fallido intento de prohibir la importación de algunos productos clave como textiles (tratando de preservar a la burguesía del ramo) fue el primer intento de ataque generalizado a este sector clave en la estabilidad política del régimen, provocando el rechazo masivo de estos sectores en las movilizaciones llevadas a cabo durante el ‘97 y el ‘98.

Los partidos de la pequeño burguesía urbana en la actualidad

Parte del proceso de transformación de la estructura del país y las clases vivida bajo el “ciclo neoliberal” ha sido la reconfiguración política que acompaña este proceso: la integración en el “nuevo estado” de todos los partidos que por décadas expresaban a la pequeño burguesía urbana. El MBL (desprendimiento del MIR), miembro del Foro de San Pablo, llegó al extremo de ser parte de la coalición liberal emenerrista (en el gobierno de Goñi) que más profundizó las “reformas neoliberales”, así como actores directos durante la masacre de Amayapampa y Capasirca. El MIR se transformó hace tiempo en un partido completamente burgués. Hoy está ubicado como soporte central del actual gobierno encabezado por la ADN, continuando su papel de coaplicador de los planes fondomonetaristas desde principios de los ‘90. Por último tenemos al partido que intentó ocupar el espacio dejado por estas organizaciones con un discurso populista y “endógeno”, CONDEPA, convertido hoy simplemente en un aparato electoral sin la capacidad de contención y movilización social que gozaba años atrás, producto de su integración en la “mega coalición” en momentos en que ésta golpea a su propia base social.

Si permanentemente surgen nuevos y más grupos que intentan reflejar a este sector social, como el movimiento de los “cabreados” recientemente fundado por Del Granado, sólo es la expresión de esta creciente movilidad social de las capas medias que tiende a desgastar a las viejas mediaciones políticas provocando el surgimiento de otras nuevas pero profundamente más débiles de las que hemos presenciado a lo largo de nuestra historia.

El movimiento estudiantil

Por otro lado, y reclutado principalmente en estas clases medias, tenemos al movimiento estudiantil, que ha acrecentado su número gracias a la mayor estabilidad que permitió que muchos hijos de los sectores empobrecidos tuvieran acceso a la misma, y donde la UMSA se convirtió en una especie de depósito de “desempleo juvenil”. Las universidades privadas se desarrollan como hongos para las clases medias y ricas mientras a la educación pública se la liquida con mayores recortes de presupuesto. Este mayor crecimiento de la matrícula de la universidad publica, sin embargo, se tradujo en un mayor giro a la derecha del movimiento estudiantil y el debilitamiento del conjunto de las corrientes de izquierda que en otros momentos hegemonizaban los centros estudiantiles. El congreso de Capra, que terminó con la expulsión literal de varios militantes trotskistas, fue la culminación de la reacción pos ‘85 en el seno de la UMSA. Sin embargo, el movimiento estudiantil, como reflejo de este creciente malestar de las clases medias y como expresión de tendencias a un realineamiento de las clases que preanuncian nuevos y mayores enfrentamientos, ha empezado lentamente a moverse, como bien lo vimos en los últimos conflictos en Derecho primero y luego en Comunicación Social en la UMSA.

El campesinado

El profundo proceso de reconfiguración social también ha tocado al conjunto de las relaciones agrarias. La necesidad por parte de las empresas agrícolas de extender su ámbito de influencia como respuesta al fenómeno natural de mayores concentraciones de tierras frente a su nuevo papel en el mercado mundial, han llevado a ejercer una creciente presión sobre el estado para modificar la estructura agraria inaugurada en el ‘52. Históricamente, el fracaso de la reforma agraria burguesa del ‘52 es del todo evidente, ya que pese a lo que los campesinos lograron con su empuje, ésta no permitió el desarrollo y la elevación del nivel de vida de las masas del agro en forma sostenible. La subordinación de la nación al conjunto de los planes imperialistas más la ausencia histórica de una industrialización que diversificara la producción más allá de la minería, impidieron que el campesinado pudiera llevar adelante mecanismos de producción en profundidad, con maquinaria, fertilizantes, etc., limitándose a continuar con la producción extensiva, generando, luego de varias décadas, un inevitable agotamiento del suelo y una excesiva parcelación del mismo. En estas condiciones es que se da la vuelta a la acción del campesinado en el período reciente, volviendo a poner la “cuestión campesina” como tarea de primer orden.

El campesinado ha intentado a lo largo de la última década resolver los problemas endémicos que sufre exigiendo la obtención de mayores cantidades de tierras y una justa distribución de aguas, así como créditos que permitan mejorar la producción. Lo único que ha obtenido han sido nuevas y mayores frustraciones. Los intentos de la burguesía de comportarse como buen sirviente de los mandatos imperialistas, que exigieron una permanente erradicación de los cultivos de coca -único cultivo realmente rentable- fue el motor de esta práctica, tarea sobre la cual volcaron todo el aparato estatal para su logro. Así vimos al parlamento y a la justicia legitimar, como con la 1008, la violencia sobre el movimiento campesino y gracias a la cual más de 500 campesinos han sido asesinados en estos últimos 10 años y cientos se encuentran encarcelados.

También vimos como era burlada la lucha de cientos de miles de campesinos por el reclamo de tierra y territorio, transformándose ésta mediante la ley INRA en la legitimación de una nueva concentración de las mismas en manos de grandes latifundistas y nuevas empresas. Y últimamente, hemos visto como mientras se entregaba SAMAPA a las compañías extranjeras, sacaban la ley de aguas al servicio de las grandes compañías y recargaban todos los costos sobre el pequeño y mediano productor. Sin embargo el conjunto de las organizaciones que se reivindican marxistas y, en especial las organizaciones del movimiento campesino, intentan encontrar una salida para las cuestiones democráticas estructurales, como la tierra, repitiendo los ya fracasados programas burgueses aplicados durante el ‘52. Si en el ‘52 la burguesía nacional fue incapaz de resolver en forma definitiva el problema agrario, rompiendo con los lazos que nos atan al imperialismo, hoy, luego de 14 años de “reformas neoliberales”, que han provocado una mayor y más profunda integración de estas burguesías locales con el imperialismo, así como un proceso de mayor diferenciación interna dentro del campo [5], tales programas adquieren un carácter profundamente más reaccionario. Todos los gobiernos pos ‘85 han emprendido un proceso de contra-reforma agraria con nuevas concentraciones capitalistas de la propiedad de la tierra. El movimiento campesino no podrá acceder a sus reivindicaciones si no es oponiéndose al imperialismo, a las distintas alas de la burguesía “nacional” y sus instituciones, forjando una indisoluble alianza de clase con el proletariado mediante las organizaciones que se construyan al calor del combate.

El papel de las direcciones y partidos campesinos en la actualidad

El campesinado se encuentra dirigido por elementos que han demostrado en más de una oportunidad su negativa a llevar un combate serio contra la política de los distintos gobiernos de erradicación de coca, o por la obtención de las demandas campesinas en el resto del altiplano. Tanto la Asamblea Soberana de los Pueblos (ASP), primero como el Instrumento Político Soberano de los Pueblos (IPSP) ahora, han reducido los duros enfrentamientos del Chapare a una mera negociación sobre como erradicar la hoja de coca. Evo Morales ha llegado al colmo de defender la vigencia de la ley 1008 frente a los intentos del gobierno de Banzer de endurecer aún más la legislación represiva. Este nefasto personaje no tuvo el menor inconveniente de ser uno de los campeones en colaborar con la política del gobierno de “Diálogo Nacional”, sentándose en la misma mesa del asesino de Tolata, desactivando previamente los comités de autodefensa, condición exigida por Banzer para la iniciación del “diálogo”. Nayar, antes de retirarsedel ministerio a su cargo, dijo con razón que durante este año y medio de gobierno se habían alcanzado cifras “históricas” de erradicación. Sin embargo, la organización recientemente formada por este burócrata, el IPSP, va más allá, ya que haciendo gala de un indigenismo reaccionario su programa se opone al desarrollo tecnológico del agro, reivindicando la necesidad de volver a los métodos de producción basados en los pisos ecológicos. No cabe la menor duda de que semejante discurso, además de ser rechazado por cualquier campesino honesto, está diseñado al servicio de ganar espacio dentro de la “romántica” pequeño burguesía urbana, centralmente universitaria, con el mezquino objetivo de asegurar su curul parlamentario.

En el caso de Alejo Veliz, y sus amigos de ASP, no tuvieron el menor inconveniente en poner en peligro la unidad del movimiento campesino tan duramente lograda en décadas de lucha, sino que utilizaron su peso en los valles para promover durante el ‘98, una contramarcha contra los cocaleros en La Paz, disfrazándola de marcha por la “Ley de aguas”, cuestión que, como dijimos más arriba, sirvió para descargar todos los costos sobre el campesinado pobre.

Los intentos proclamados por esta gente de combinar el marxismo con la teología de liberación y la “cosmovisión andina” no son más que una mezcolanza ecléctica con el mezquino objetivo de intentar conseguir un espacio electoral más amplio, como sucede con Izquierda Unida, que lejos de ofrecer alguna alternativa al movimiento campesino, obrero y popular solo preparan, en caso de desarrollarse, nuevas frustraciones al movimiento de masas.

El seguidismo del centrismo “trotskista”

Lamentablemente, estas direcciones campesinas han contado, y siguen haciéndolo, con el seguidismo de distintas organizaciones que se reclaman trotskistas -como el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) e, incluso, la OT-POR- que en su desesperación por dejar de ser pequeños grupos intentan buscar atajos colgándose de la manga de estas direcciones, liquidando por ende la necesaria independencia de clase del proletariado. [6]

La práctica política desplegada por estas organizaciones rompe de forma categórica no sólo con el combate de Trotsky y la Oposición de Izquierda Internacional contra las concepciones de Stalin-Bujarin de los partidos bipartitos, es decir, de dos clases, “obreros y campesinos”, sino que también liquida las más elementales concepciones leninistas de construcción de partido. Así Trotsky, citando a Lenin, planteaba que: “no se puede concebir en ningún caso la alianza del proletariado y del campesinado como la fusión de clases diversas o de los partidos del proletariado y del campesinado. No solamente una fusión, sino incluso un acuerdo duradero sería funesto para el partido socialista de la clase obrera y debilitaría la lucha democrática revolucionaria.”( [7])

En el caso más escandaloso de una política que rompe en todos los términos con los más elementales principios de independencia de clases expuestos más arriba se encuentra el MST, sección boliviana de la LIT, que llega incluso a plantear de que hay que enarbolar las banderas “antiimperialistas y anticapitalistas” del IPSP, banderas que por otra parte jamás fueron reivindicadas por esta organización ni siquiera en forma demagógica. La desesperación por dejar de ser pequeños grupos que en décadas no han podido forjar alguna estrategia de poder, aunque más no sea desde un ángulo teórico, es tan alta, que la dirección del MST no se detiene ante nada en sus enjuagues oportunistas.

Si bien la OT-POR, o lo que queda de ella, no han llegado tan lejos como los morenistas, de la misma forma no han podido resistir el impresionismo causado por la acción de algunas federaciones campesinas del trópico, llegando a proclamar la necesidad de construir un “Instrumento Político Revolucionario”, con un carácter político y de clase completamente indefinido, como bien lo expresa las siglas, diluyendo de esta manera no sólo el papel dirigente de la clase obrera en la alianza obrero y campesina, sino incluso el mismo carácter de clase del que pretende ser partido revolucionario.

En el caso del POR, su abstencionismo político, en la ultima década y media, frente a la cuestión campesina, característico de toda organización sindicalista-obrerista, permite a las direcciones campesinas seguir adelante con su estrategia de conciliación de clase, liquidando la posibilidad de forjar la tan pregonada alianza obrera y campesina. No es suficiente hacer propaganda sobre el libre cultivo, comercialización e industrialización de la coca, sino que es necesario definir una política activa para organizar a los sectores más explotados del agro, en combate contra estas direcciones sostenedoras del régimen burgués.