Ley corta de autonomías, nuevo mecanismo de centralización

En el marco de la construcción del nuevo régimen, las autonomías en sus diferentes niveles son de importancia relevante para el sostenimiento de las relaciones entre el Estado y las regiones. Como mencionábamos en el anterior número de Palabra Obrera, las autonomías encubren una tendencia altamente centralizadora del Estado que es funcional al sostenimiento de un programa político de reformas y de defensa del capitalismo atrasado y dependiente.

Las disputas generadas por la aprobación de la Ley Corta de Autonomías se centraron en meros formalismos y susceptibilidades entre las clases dominantes regionales y la capa gobernante pero en el fondo no se cuestionaba el carácter del proceso de autonomía y descentralización esgrimido por el gobierno.

La “inauguración” de la Bolivia autonómica con respaldo en la ley corta, planteó un juego de fuerzas entre gobierno y élites regionales, generada no tanto por los límites competenciales establecidas para los departamentos y el resto de los niveles autonómicos sino por el artículo que plantea la imposibilidad de que los gobernadores y alcaldes, puedan seguir en su gestión si poseen una causa abierta dentro de la justicia.

Este artículo apunta directamente a las gobernaciones disidentes de Tarija, Santa Cruz y el Beni y dota a esta ley de un carácter político que plantea dos aspectos: por una parte, cerrar filas en el masismo y por otra parte, busca en la pugna con las élites departamentales apalancar la balanza y la correlación de fuerzas a su favor para consolidar el proceso de regimentación que se viene planteando.

Sin embargo, este proceso de cambio en la correlación de fuerzas ya se ha dado ya que 8 de 9 asambleas departamentales están dominadas por el partido de gobierno, lo cual se ha operado a través de diferentes negociaciones entre fuerzas políticas mediadas por la cooptación y el favoritismo. Sólo Santa Cruz se convierte en la única gobernación que cuenta con una asamblea departamental afín al gobernador y tiene un carácter de oposición al gobierno. La disputa política encubre la existencia de un proyecto de autonomía de difícil reglamentación para su operación y donde el tema de transferencia de recursos se convierte ahora en el punto más sensible, en un momento donde la crisis internacional da nuevos giros y el gobierno entra en una fase de supuesta austeridad pensando en el embate que se puede venir para la economía.

Lo cierto es que las finanzas públicas son vulnerables y los recursos fluyen principalmente de lo generado desde la explotación de los recursos naturales (42% de los ingresos fiscales provienes de la explotación de los hidrocarburos y la minería), lo cual es un riesgo elevado tomando en cuenta que estos recursos dependen del desenvolvimiento de los precios internacionales que son muy volátiles especialmente en un contexto de crisis internacional. En este marco de incertidumbres, el proceso autonómico deja dudas de sostenibilidad económica tomando en cuenta la amplitud de los niveles territoriales e institucionales con autonomías (departamentos, regiones, municipios y autonomías indígenas) y probablemente provocará una redistribución de la renta petrolera e incluso podría implicar un cambio del régimen impositivo, lo cual generará distintas presiones e incomodidades para el gobierno que deberá lidiar con el conjunto de contradicciones nacionales en el camino de poner en pie un nuevo orden que bajo la figura autonómica esconde un mayor concentración de poder político y económico del Estado Plurinacional.

Tonio Laure