¿"Nacionalización"... o simple "recuperación"?

LOS PROCESOS de “nacionalización” llevados a cabo por el Gobierno del MAS, distan mucho de las aspiraciones populares de la “agenda de octubre de 2003”, de recuperación de las empresas privatizadas por los gobiernos neoliberales. El caso de los hidrocarburos es más que evidente, ya que en el mismo la “nacionalización inteligente” del MAS, en términos generales, representó apenas una renegociación de contratos en las que el Estado capta más impuestos y regalías, pero asegurándoles a las transnacionales la continuidad en el negocio gasífero y la mejor tajada de las ganancias.

Recompra de acciones para hacer empresas mixtas

El 1 de Mayo Evo anunció la “recuperación” de 4 empresas petroleras. El gobierno logró un acuerdo para comprar a la firma española Repsol YPF la participación mayoritaria en la empresa productora de gas Andina. También anunció que será recomprado el 50% más 1 de las acciones de Chaco (propiedad de British Petroleum), la operadora de gasoductos Transredes (de la estadounidense Ashmore Energy International) y la empresa de distribución CLBH.

El gobierno habla de recuperar comprando acciones, lo que significa convalidar la estafa al país que fueron las “capitalizaciones” y todos los malos manejos en perjuicio del país hechos por estas empresas desde entonces, pagándoles, además, un jugoso precio... además de tratar de mantenerlas como “socias”. En ningún caso las nacionalizaciones realizadas implican expropiación ni confiscación, como correspondería para resarcir el daño al país.

Es por eso que en círculos empresariales locales y extranjeros, las “nacionalizaciones” del MAS en hidrocarburos han sido calificadas como “racionales” y más allá de los tires y aflojas y las quejas contra la “inseguridad para los inversores”, han tenido en última instancia aceptación en importantes sectores burgueses e imperialistas.

ENTEL

Ya en abril de 2006 el gobierno había dictado un decreto para formalizar la negociación de recompra de ENTEL con su actual propietaria, la trasnacional Euro Telecom International (ETI). Esta empresa ya pensaba retirarse y “habría ofertado hace algunos años al Gobierno el total de su paquete accionario por un monto de 325 millones de dólares, monto que contemplaría la reducción de su capital realizada en 2005, por lo que el valor del 50% de ENTEL estaría en torno a los 140 ó 150 millones de dólares” (F. Zaratti, según Pulso nº 448, 4 al 10 de mayo).

Luego de más de un año de negociar sin poder acordar el precio, el 1º de mayo Evo decretó la intervención de ENTEL y fijó el plazo de 2 meses para adquirir el 100% de las acciones.

En términos de procedimiento esto implica que se pagaría a la transnacional un precio -que según el gobierno no será el de mercado sino el precio de libros o costo real (entre 60 y 100 millones de dólares)-, en un proceso de negociación sobre el monto final que el Estado deberá pagar por recuperar lo que pertenece al pueblo boliviano. Este proceso se da en un momento donde para el sector de telecomunicaciones a nivel mundial no es atractivo entrar en un esquema de operación mixta entre sector privado y Estado, por lo que más allá de la demagogia de los analistas y empresarios, resulta aceptable para ETI negociar y sacar un buen precio (y hasta luego recurrir a tribunales internacionales para hacérselo pagar).

Lejos de verdaderas nacionalizaciones

Entonces, más allá del juego mediático y político, asistimos nuevamente a una acción de recuperación vía mercado del paquete accionario. El límite de las acciones “pseudo nacionalizadoras” del gobierno es que más allá de su discurso, sólo buscar recomponer un sector “capitalista de estado” en el marco de un plan “neodesarrollista” de colaboración con el capital extranjero, en los marcos del sistema capitalista y la dependencia del imperialismo. Además, los trabajadores, aunque se les ha asegurado la estabilidad laboral, no tienen poder de decisión colectivo en este proceso.

Por una verdadera nacionalización

El interés de los trabajadores y el pueblo exige desnudar las limitaciones de estas engañosas recompras y desarrollar la lucha por una verdadera nacionalización de todas las “capitalizadas”, sin pago alguno a las trasnacionales y bajo control colectivo de los trabajadores, única forma además, de que las empresas públicas no sean botín de guerra de la burocracia estatal y fuente de corrupción como en el pasado.

Si bien la nacionalización real de ciertas empresas o ramas económicas no son medidas socialistas en sí mismas, son acciones de defensa de la nación oprimida en las que la clase obrera tiene interés y en las que, además, debe imponer su propia impronta, dentro de un programa y una estrategia de clase.

Los trabajadores tienen que tener plena información y poder de decisión sobre los destinos de las empresas, lo cual implica acceder a toda la información sobre el estado de cuentas, balances, planes de producción, presupuesto, etc. El control obrero colectivo no implica “cogestión”, ya que esta última descansa sobre la colaboración de clases, subordinando a los trabajadores al gobierno, mientras que el control obrero colectivo se basa en la movilización independiente y representa la posibilidad de constituirse en una “escuela de economía planificada” para los trabajadores en el camino de tomar en sus manos la dirección del conjunto de la economía nacional. Por eso mismo, el control obrero no es duradero, en realidad implica un “doble poder” en la empresa, que no puede durar indefinidamente a menos que se transforme en administración directa y se extienda y centralice nacionalmente.

Por Antonio Laure