El 17 de febrero de este año se recibe el proyecto para conformar una nueva empresa, de manos de una comisión consultora de la OIT y Ministerio de Trabajo que por el monto de treinta mil dólares elaboró un proyecto de recuperación y salvataje de las fuentes de trabajo. El 3 de abril se conforma la nueva empresa llamada Hiltrabol S.A. cuestión que es presentada a la asamblea de trabajadores el 27 de abril. En la asamblea y luego de que los 180 trabajadores evaluaran sus posibilidades, 151, aceptaran hacerse cargo de la misma. El 31 de julio ante la aparición de algunos empresarios que pretendían declararse dueños de la fábrica por ser los mayores acreedores del anterior dueño de HILBO, lo trabajadores deciden ocupar y tomar sus instalaciones para evitar el vaciamiento de la empresa. Poco después se anunció la puesta en marcha con ayuda oficial.
Evidentemente, ha sido el esfuerzo y pregrinaje d elos trabajadores buscando una respuesta lo que permitió esta respuesta.
Sin embargo, lo que interesa debatir aquí es la validez y conetnido del modelo propuesto por el Gobierno.
La recuperación de la empresa con la colaboración y financiamiento del gobierno y algunos bancos, como el Banco Unión, demandará un costo de 1.600.000 dólares que los trabajadores cancelarán paulatinamente. El lanzamiento de Hiltrabol es presentado por el gobierno como un modelo de “empresa social”, como un esquema que no es de propiedad estatal, pero tampoco claramente cooperativo aunque sí enmarcado en la lógica del mercado capitalista. Es una propuesta que sirve para hacer propaganda oficialista en un caso aislado, pero no es generalizable al conjunto de las empresas que cierren o despidan, más aún ahora que con el argumento del fin del APTDEA con Estados Unidos, ya empezaron los despidos en todo el sector fabril.
Además, este “modelo” deja a los trabajadores a merced del mercado, compitiendo por sobrevivir en plena crisis bajo la hipoteca de la deuda y aislándose de la lucha del resto de los trabajadores bajo la ilusión, incluso, de terminar convirtiéndose en pequeños patrones. Lo opuesto a un programa obrero que parte de que la crisis la deben pagar los capitalistas como clase y que los trabajadores explotados no deben asumir las cargas que estos les dejan. Además, se generan ilusiones en que apostando todo a la negociación y la ayuda del gobierno se pueden salvar las fuentes de trabajo, cuando en realidad sólo la movilización y la unidad pueden enfrentar las “masacres blancas”, cierres y despidos que se vienen.
La ocupación de las empresas que cierren o despidan y el reclamo de su nacionalización, sin pago alguno a los patrones ni a los bancos acreedores, para ponerlas a funcionar bajo gestión obrera en bien de las necesidades populares, es un programa mucho más superior y realista, dadas las dimensiones de la crisis que nos amenaza, que confiar en el discurso de “empresas sociales” libradas a su suerte del MAS.
Frente a la crisis en el sector textil, es necesario desarrollar un plan de reconversión industrial en función de los intereses de los trabajadores y el pueblo boliviano, con medidas como las que proponemos en páginas centrales.