“Con el texto no hago fiesta, pero duermo tranquilo”

En anteriores números de Palabra Obrera hemos explicado cómo ese texto, lejos de iniciar la “refundación de Bolivia” según los intereses de los oprimidos como prometía Evo, es una constitución diseñada para “enterrar la agenda de octubre”; es decir que rechaza las grandes tareas democráticas y nacionales (como una verdadera reforma agraria o la ruptura con el imperialismo), desvía las esperanzas populares de un cambio profundo detrás de algunas concesiones al movimiento campesino e indígena y mucha retórica de derechos sociales, y conforma un marco general, ahora legitimado en las urnas, para la construcción de un reordenamiento político e institucional viable -un nuevo régimen con autonomías departamentales y otras importantes concesiones a la derecha burguesa y terrateniente- que se encuadra en los marcos del orden burgués semicolonial.
Para muestra basta un botón, veamos el tema de la tierra. En el referéndum dirimidor sobre la tenencia de tierras, más del 80% a nivel nacional votó por la opción del límite de 5.000 Has., lo que refleja en última instancia la extensión de las aspiraciones campesinas y populares a la redistribución de la tierra.
Sin embargo, esta consulta, lejos de abrir la puerta a la reforma agraria, consagra constitucionalmente la protección del latifundio “legal”.

En primer lugar, el texto aprobado en Sucre-Oruro a fines de 2007, ya protegía la gran propiedad agraria que “cumpla la función económico-social” y el límite de 5 o 10 mil Has. es muy fácil de burlar, pues es sabido que los clanes terratenientes del Oriente distribuyen su titularidad entre varios familiares y aunque ninguno aparezca legalmente superando esa cantidad, la suma total que controla el grupo puede alcanzar las 100.000 Has.
En segundo lugar, en octubre pactaron una cláusula de “no retroactividad” por lo que la limitación aprobada, de 5.000 Has., sólo se aplicará a futuras adquisiciones de tierra. Esto reduce a puro papel incluso ese ya conservador límite y “los grandes predios con título serán respetados por la CPE” como reconoció La Prensa, 26/01, al día siguiente del referéndum, protegiendo constitucionalmente la gran propiedad rural existente, la tierra que acaparan los Hecker (288.635 Has.), Monasterio (50.370 Has.), Becerra-Roca (173.056 Has.), Guiteras (26.634 Has.) y muchos más.

Con ello, el principal sustento de las demandas indígenas: Tierra y Territorio, sin lo cual hablar de “inclusión” y “descolonización” es poco más que retórica, queda liquidado. ¿Qué mejor ejemplo sobre el verdadero carácter de la nueva CPE? Y analizando el texto constitucional y sus garantías a las transnacionales, los grandes propietarios urbanos y los empresarios, lo mismo puede decirse de las otras demandas populares.

Más aún, ante la toma de un par de predios en Santa Cruz por el MST-b (Movimiento de Sin Tierra de Bolivia), el vicepresidente García Linera declaró que “las ocupaciones son inconstitucionales” y la policía desalojó violentamente y detuvo a unas 20 personas en los primeros días de febrero.