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Los trabajadores ante una "refundación" consensuada con empresarios y terratenientes

 

El presidente Evo Morales ha dicho que con la nueva Constitución comienza la “refundación de Bolivia”, pero los trabajadores y el pueblo pobre tienen poco o nada que esperar de la constitución y del nuevo régimen político que están construyendo entre pactos y disputas el gobierno y la oposición.



Ninguna de las grandes tareas democráticas y nacionales: Tierra y Territorio para los pueblos originarios, liberación nacional del imperialismo, ni siquiera una verdadera ampliación de los derechos democráticos para el pueblo trabajador, va a ser resuelta con la enumeración de “derechos sociales” y la retórica indigenista de la nueva CPE, y mucho menos generará condiciones para superar el atraso y la pobreza del país.

Ni la tierra para los miles de “sin tierra” y “sin techo”, ni los salarios de hambre, ni el desempleo y otras urgentes demandas obreras y populares van a recibir respuesta. Al contrario, en las negociaciones entre gobierno, opositores y empresarios discuten no sólo problemas políticos, sino también cómo enfrentar los crecientes problemas económicos, y si a pesar de sus diferencias, están de acuerdo en algo, es preservar los intereses empresariales y dejar que la factura más pesada de la crisis caiga sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo pobre.

Esto ya está sucediendo, como muestran los miles de despidos con la excusa de la crisis minera. Mientras los empresarios comienzan una ofensiva contra los trabajadores, como en Sinchi Wayra, Aseo Urbano de El Alto, MAQUITESA, o PLAMAT, el gobierno se endurece con los que luchan, con procesamientos como en Huanuni, las detenciones de “sin tierra” y “sin techo” en Santa Cruz o violando los derechos sindicales como en DAB (ex DBU-Swissport)

Más aún, el escándalo de corrupción en que se hunden Santos Ramírez y otros personeros del gobierno, de la oposición y de la oligarquía autonomista de Tarija, muestra hasta dónde ha llegado la cúpula masista en su integración al Estado burgués y el entrelazamiento de intereses con el mundo empresarial.
Lamentablemente la cúpula de la COB y las organizaciones de CONALCAM responden al gobierno y a su política de conciliación, pactos y acuerdos con los empresarios, los terratenientes y las transnacionales alrededor de la nueva CPE y para ello, a atan las manos de las masas pidiendo a cambio de sus servicios algunos curules parlamentarios, despachos ministeriales o, en fin, puestos burocráticos bien pagos. Hay que romper con estas ataduras y retomar la movilización, que es el único camino para imponer las demandas de los trabajadores y el pueblo y abrir una salida de fondo, revolucionaria, a los males del país. En ese camino, tres tareas centrales están planteadas hoy:

  Unificar la lucha contra los despidos y ataques a los trabajadores, por el salario y las demás demandas obreras, campesinas y populares, levantando un programa que sea la respuesta de los trabajadores a la crisis.

  Recuperar la independencia organizativa y política de la COB, los sindicatos y demás organizaciones de masas frente al gobierno y los empresarios.

  Comenzar a poner en pie un instrumento político de los trabajadores, basado en los sindicatos y que sea la voz de clase de los trabajadores ante la crisis y los grandes problemas nacionales.

Para debatir estas tareas, proponemos una moción a la vanguardia obrera, estudiantil y popular, a los trabajadores mineros de Huanuni y su nuevo sindicato, a la COD de Oruro, al magisterio urbano de La Paz, a los sindicatos combativos de La Paz y El Alto, a las corrientes de la izquierda obrera y socialista: impulsemos un gran Encuentro nacional de trabajadores, donde los sectores combativos y la base puedan discutir, coordinar y dar pasos en común.



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