Acuerdo de los de arriba contra los de abajo

La amenaza de renuncia fue la maniobra política de un gobierno extremadamente debilitado, jaqueado entre las disputas con los cívicos y la derecha parlamentaria y el ascenso en las luchas de masas.

En al primer semana de marzo el paulatino fortalecimiento del paro alteño y la extensión de los bloqueos en todo el país tras la ruptura política con el MAS pusieron a Carlos Mesa entre la espada y la pared.

El escenario de extrema convulsión social y política creaba un escenario de “prelevantamiento” difícil de contener con las representaciones políticas de la clase dominante divididas, creando peligrosas grietas en el edificio del régimen estatal

En una jugada muy arriesgada, jugando a tensar la crisis al máximo, el Presidente “pateó el tablero político” con la amenaza de renuncia, actuando preventivamente ante la perspectiva de la movilización.

1º El chantaje

Al hablar por TV el domingo 6, tras casi 40 minutos de despotricar contra la movilización, los bloqueos y las demandas populares, quejándose de que no lo dejan gobernar, anunció “he decidido presentar mi renuncia ante el país, como demanda la Constitución , a través del Congreso” si no cesaban los bloqueos y no recibía respaldo claro del Parlamento y las fuerzas políticas y empresariales.

Todo el discurso fue un chantaje amenazante contra los trabajadores y el pueblo, anunciando las peores catástrofes si se afectan los intereses de las transnacionales y se continúa por el camino de la movilización.

Pero fue un chantaje también a las distintas fracciones políticas, a los “factores de poder” y al conjunto de la clase dominante, para poniendo como condición un acuerdo para gobernar.

Y fue una apelación reaccionaria y solapadamente racista a las capas medias que le apoyan, demonizando a los bloqueos y personificando en Evo Morales y el dirigente alteño Abel Mamani.

2º La negociación

En medio de la conmoción política y con el trasfondo de la movilización política reaccionaria de la “opinión pública” pequeñoburguesa en La Paz y otras ciudades al grito de “que se quede”, “basta de bloqueos” y “mano dura”, la amenaza presidencial comenzó a tener efecto.

Vaca Diez, Cossio y la Corte Suprema rechazaron la posibilidad de suceder a Mesa.

Todo el centro político burgués se puso en campaña a favor del semi-renunciante: los parlamentarios “transversales” con San Martín (MNR) a la cabeza, los alcaldes “Pepelucho” Paredes, Del Granado y otros, etc. El MIR, NFR y MNR regateando condiciones, se fueron pronunciando por un “acuerdo nacional” o “pacto político” para que Mesa se quede, al igual que los “factores de poder” ( la Iglesia , la cúpula militar y policial, las cámaras empresariales, los medios de prensa y TV). El imperialismo (ver recuadro) bajaba línea presionando a favor de Mesa.

En 48 horas de cabildeos y negociaciones donde no faltaron acusaciones y forcejeos en el MNR el MIR y el MAS, se fue abriendo paso el acuerdo entre el Parlamento y el Ejecutivo.

3º El Acuerdo

En la noche del martes se reunió el pleno congresal donde fue rechazada la renuncia presidencial y se firmó sin mayores debates ni discursos (no por la inexistente “unanimidad” sino para evitar debates) el llamado “acuerdo por la nación”. La salida política fue festejada unánimemente por la prensa, los empresarios y las embajadas, pues representa la rearticulación de las representaciones políticas de la burguesía, intentando resucitar los “pactos de gobernabilidad” en que se apoyó durante dos décadas el viejo régimen mortalmente herido en el 2003.

Con el acercamiento de posiciones entre el ala de centro burgués pro-constituyente y la derecha parlamentaria y cívica “pro-autonomista”, en torno a la figura de Carlos Mesa y “unificando” ambas agendas, se intenta cerrar las filas del campo burgués para enfrentar la amenazante presión de las masas e imponer el programa proimperialista. Este es el contenido de una “acuerdo de los de arriba” frontalmente dirigido contra “los de abajo”.

Una agenda de entrega y estafa

Los puntos del acuerdo reflejan ese acercamiento en torno los intereses de las transnacionales y empresarios:

1º La ley de hidrocarburos, bajo el viejo pretexto de “respetar los resultados del Referéndum” se eliminarán todos los aspectos irritativos para las petroleras.

2º La elección de prefectos: punto que ya había sido ofrecido por Mesa ante la presión de los “cívicos” de Santa Cruz, aunque aun no se definieron fechas.

3º Referéndum sobre las autonomías regionales: lo mismo que el punto anterior, como garantía para la oligarquía camba y creando una nueva trampa electoral que le de base social y legitimidad al acuerdo con los “cívicos”.

4º Convocatoria a la asamblea constituyente: para adoptar una nueva constitución “que sea el pacto de unidad de los bolivianos para el futuro”, es decir, una Constituyente pactada y bien atada, para recomponer el régimen estatal sin tocar la tierra, el gas, las capitalizaciones, la deuda externa.

Pero además, se pretende:

Buscar un “acuerdo nacional” para la “producción y el empleo”, por la “estabilidad democrática” y poniendo fin a la movilización social, con el auspicio de la Iglesia , la APDH y la Defensoría del pueblo. Es decir, un acuerdo en los términos de las políticas estatales financiadas por el Banco Mundial, a medida de los empresarios y contra los intereses de los obreros, los campesinos, los gremiales, los pueblos originarios.

Poner fin a las medidas de presión (preocupación funda-mental de CAINCO y CAO, los empresarios de todo el país que exigen a Mesa “mano dura”).

“Todos contra los bloqueos” un giro represivo

Y no pasaron 24 hrs, cuando el contenido del acuerdo empezó a demostrarse: la policía reprimió brutalmente a los choferes de Santa Cruz, el “pacifista” Mesa anunció la persecución legal “implacable” para los bloqueadores, y su cruzada mostró sus aristas más repugnantes en las manifestaciones de la clase media convocada por el propio Mesa.

El Presidente sabe que desde Octubre, no hay condiciones para reprimir masacrando. Su negativa a “mancharse las manos de sangre” encubre la decisión de “aplicar la ley” es decir, la intervención policial y militar bien dosificada y legitimada además con la campaña contra los bloqueos y el apoyo de sectores medios. El “demócrata” Mesa ataca brutalmente el básico derecho democrático a la protesta social.