Por Pity Ezra
Al cumplirse treinta años de la promulgación del decreto supremo 21060 por el entonces presidente Víctor Paz Estensoro, y que dio inicio al ciclo neoliberal en Bolivia, Evo Morales señaló que “más allá de condenar al neoliberalismo, hay que agradecer que ese modelo logró despertar y unificar al pueblo boliviano, para que se geste el actual proceso de cambio”, asimismo señaló que “el modelo neoliberal no debe ser condenado, porque las condiciones de vida que se implantaron en esa coyuntura, permitieron que el pueblo se organice y pase de la lucha sindical a la electoral”.
Lo que no dijo Evo Morales es que el decreto 21060 desató el despido masivo de más de 26.000 trabajadores mineros, inflación al extremo, precarización y flexibilización laboral, congelamiento de salarios, destrucción de organizaciones sindicales, privatizaciones y, sobre todo, la derrota de la clase obrera boliviana.
Si bien el discurso demagógico Evo Morales indica que van a “seguir avanzando y garantizando la definitiva liberación del pueblo boliviano", la realidad es que -a lo largo de los nueve años de su gobierno- la liberación del pueblo boliviano no ha pasado a ser más que un discurso para justificar el actual "proceso de cambio", proceso que no es otra cosa que el resultado del desvío electoral de las grandes luchas que protagonizaron los trabajadores y sectores populares contra las condiciones miserables del neoliberalismo, y que fueron encaminadas hacia una serie de reformas que no han tocado los aspectos estructurales del capitalismo, que no han cortado con la herencia del neoliberalismo, y que, como consecuencia, mantienen la estructura del capitalismo boliviano, o, como diría García Linera, del “capitalismo andino”.
En este sentido, el giro cada vez más a derecha del gobierno populista del Movimiento al socialismo (MAS), se expresa en su alianza con los empresarios privados y las transnacionales, en el pago fraudulento de la deuda externa, en el aumento de los impuestos que finalmente lo pagará el pueblo trabajador, en la entrega de los recursos naturales a las transnacionales que generó el enfrentamiento con los pueblos originarios del TIPNIS o como sucedió el pasado martes 18 de agosto con la intervención violenta que ordeno el gobierno de Evo Morales al bloqueo de caminos realizado por indígenas guaraníes que exigen una consulta previa ante cuatro Decretos Supremos firmados por Evo Morales que otorga la exploración y explotación petrolera en sus territorios.
Para garantizar esta arremetida contra los trabajadores, los campesinos, los pueblos indígenas y el pueblo pobre, el MAS viene apoyándose en la burocracia sindical de la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones sociales afines al gobierno, que a lo largo de estos últimos años no han hecho otra cosa que avalar las políticas del gobierno, como son la patronal Ley de pensiones, Ley minera pro imperialista o la explotación inhumana que sigue vigente en miles de talleres y empresas.
Frente a los planes del gobierno -que no son otros que de sus antecesores neoliberales- queda a los trabajadores poner en pie un plan de lucha en defensa de la independencia política de los sindicatos, bajo la consigna de independencia de clase y la unidad de todos los trabajadores.