A pesar de su brevedad, esta fue una de las dictaduras más nefastas de nuestra historia. Por entonces, el país vivía un período de gran inestabilidad política. Desde 1978, cuando el dictador Banzer fracasó en sus intentos continuistas, era evidente la imposibilidad de mantener un régimen militar ante el descontento popular, pero tampoco se habían asentado los planes de “retorno a la democracia”, alentados por sectores de la burguesía y del imperialismo. Desde fines de los 70 el gobierno norteamericano de Jimmy Carter buscaba poner algunos límites a las sanguinarias dictaduras del Cono Sur y un recambio ordenado por regímenes de democracia más estables.
En Bolivia esta política tropezaba con la resistencia de los militares a ceder en su papel como “institución tutelar de la patria” y con la fuerza del movimiento de masas en ascenso. Varias elecciones sin poder elegir un gobierno estable, interinatos como el de Guevara Arce, golpes fracasados como el de Todos Santos en 1979 y un nuevo interinato con Lidia Gueiler daban cuenta de la gran inestabilidad.
En junio de 1980, nuevas elecciones vuelven a dar el triunfo a Siles Suazo y Paz Zamora, candidatos de la UDP, un “frente popular” entre el burgués MNR-I y los partidos de la izquierda reformista (PCB, MIR, etc.). La UDP cosecha el 39% de los votos, superando al MNR y ADN, mientras Marcelo Quiroga Santa Cruz (PS1) logra el 4º lugar con 100.000 votos, todo lo cual refleja el profundo giro a izquierda entre las masas.
Los militares, el empresariado y la derecha no ven con buenos ojos un posible gobierno de la UDP, pues pese a lo moderado de sus propuestas, temen al movimiento de masas en ascenso. Un nuevo golpe se veía venir, preanunciado por hechos como el asesinato del jesuita Luis Espinal y pronunciamientos militares, pero los partidos reformistas y la burocracia sindical encabezada por Juan Lechín no hicieron nada por preparar la lucha contra el mismo, mediante la movilización general, milicias obreras y campesinas y una política para ganar a la base del Ejército, pues esto hubiera obstaculizado su colaboración con la burguesía. Todos apostaron a no “desestabilizar” y negociar con los generales, dejando a las masas desprevenidas ante el golpe.
La brutalidad represiva
El 17 de julio, mientras las FF.AA. tomaban el control a nivel nacional, los paramilitares dirigidos por el siniestro Cnel. Arce Gómez asaltaron la COB, hiriendo gravemente a Marcelo Quiroga Santa Cruz (a quien asesinarán más tarde, ocultando su cadáver), y matando a Carlos Flores y Gualberto Vega. Se inició así una brutal persecución contra los sindicatos y la izquierda al amparo del “estado de sitio” y el “toque de queda”. El golpe fue apoyado abiertamente por la dictadura militar argentina de Videla y copió no sólo sus métodos represivos -asesinatos, desapariciones, torturas-, sino hasta su título de “Gobierno de Reconstrucción Nacional”.
Los militares demostraron su odio al movimiento obrero demoliendo la histórica sede de la FSTMB en El Prado de La Paz. El 15 de enero del 81, los esbirros del régimen asesinaron a varios dirigentes del MIR, en la “Masacre de la Calle Harrington” y meses después hirieron gravemente al dirigente campesino Genaro Flores. La ferocidad de la represión causó al menos 36 asesinatos políticos, 160 muertos en masacres y unos 87 desaparecidos, además de numerosos heridos, detenidos y torturados a lo largo del corto reinado de García Mezza, cuyo gobierno se distinguió también por la escandalosa corrupción y los negociados (vidrios rayban, piedras semipreciosas de La Gaiba, carritos Hanna, narcotráfico).
Sin embargo, la dictadura no pudo infligir una derrota profunda a las masas y fue quedando internacionalmente aislada, tropezando además con varias conspiraciones en las propias Fuerzas Armadas. García Meza y Arce Gómez duraron poco más de un año en el gobierno. Les sucedió el Gral. Torrelio, pero la contraofensiva del movimiento obrero y popular hizo imparable la descomposición del régimen militar.
¿Quién derrotó a la dictadura?
Desde el primer momento el golpe enfrentó una importante resistencia obrera y popular, con centro en los distritos mineros. En Caracoles y otros distritos se forjó una notable alianza obrera y campesina, dispuesta a resistir armas en mano, sin embargo, los trabajadores debieron replegarse ante el asalto militar.
Los “demócratas” de la burguesía se lamentaban hipócritamente de los “excesos” del gobierno militar, pero nada temían más que a la reacción de las masas. En cambio, la recuperación del movimiento obrero y popular fue rápida y efectiva, siempre con los mineros a la vanguardia, que impusieron de hecho el funcionamiento de sus sindicatos y encabezaron finalmente, en septiembre de 1982, la huelga general convocada por la COB que obligó a los militares a negociar apresuradamente la “transición a la democracia”, acordándose finalmente la convocatoria al congreso elegido en 1980, que entregó el gobierno a Siles Zuazo y Paz Zamora el 10 de octubre de ese año.
La impunidad de los militares
Si bien después de varios años se juzgó y encarceló a García Meza (que se da el lujo de escribir sus memorias, calumniando a sus víctimas e insistiendo en las más ridículas mentiras) y a algunos de sus colaboradores (además, Arce Gómez fue entregado a Estados Unidos), lo cierto es que nunca se castigó a la mayoría de los autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos por la dictadura. Es que si bien la clase dominante aceptó juzgar a algunos jefes, no podía permitir que se hiciera justicia con los innumerables oficiales y sus amigos políticos y empresarios, partícipes en los asesinatos, las torturas o la corrupción, pues eso hubiera afectado a las FF.AA. como institución. Y la democracia las necesitaba para que siguieran cumpliendo su rol represivo en la aplicación del programa neoliberal de entrega al imperialismo y en la defensa de la “sagrada” gran propiedad privada. De hecho, es lo que ocurrió en estos años: el Ejército y la policía “educados” en tiempos de las dictaduras de Banzer y García Meza siguieron reprimiendo salvajemente “en democracia”: en el Chapare al servicio de la erradicación impuesta por los gringos, en la Guerra del Agua del 2000, en las masacres de Febrero y Octubre del 2003. Hoy, el gobierno del MAS promueve los juicios a Goni y algunos de sus ministros, pero ha aceptado mantener la impunidad para la casta de oficiales represores y asesinos del pueblo que siguen en funciones y hasta les lava la cara como “defensoras del patrimonio nacional”.
Por Eduardo Molina