Se vienen dando casos de persecución a dirigentes y activistas sindicales no sólo con despidos, sino también con acciones administrativas y judiciales que apelan al código penal.
Así ocurre con el compañero Cristian del sindicato de DBU-Swissport (en la aduana de El Alto), llamado a declarar a la fiscalía, por una supuesta “suplantación” de mercadería, en la aduana de Charaña, en Oruro. Supuesto caso que, de haber sucedido, ocurrió varios días antes de que el compañero fuera enviado por ordenes superiores a Charaña. Esta acción intimidatoria busca poner límites a la voluntad de los trabajadores de pelear por sus derechos laborales, pues en octubre termina el contrato de concesiones de la empresa.
Los compañeros del Sindicato de Trabajadores de Aseo Urbano de El Alto, están acusados desde el 26 de febrero bajo los cargos de “sabotaje”, “destrucción de bienes del Estado”, “atentado a la seguridad de los bienes públicos” y otras calumnias. Así buscan evitar que los trabajadores sigan reclamando por el pago de AFP, seguridad social, horas extras y vacaciones como manda la LGT, y doblegar su lucha contra la reprivatización del servicio de recojo de residuos.
Llamamos a las organizaciones obreras, populares y de izquierda a llevar adelante una campaña de denuncia de estos métodos intimidatorios contra los trabajadores alteños y asumir la defensa de los encausados y perseguidos.