LOS CONSTITUYENTES no cumplieron con el plazo del 11 de junio para entregar los informes de comisión y, aunque se acordó una postergación de 10 días, hubo peleas en varias comisiones y hay voces que piden una ampliación de tres meses al plazo legal para elaborar la nueva Constitución Política del Estado (CPE).
Les resulta difícil "cocinar” la letra constitucional del acuerdo que buscan todos -un gran pacto, como predica el vicepresidente García Linera-. El oficialismo ha ido diluyendo cada vez más sus ya tibias propuestas que de todas formas se enmarcan en el respeto a la gran propiedad privada y la colaboración con empresarios, terratenientes y transnacionales. Sin embargo, para estos nunca es bastante, y esto hace crecer nuevamente las disputas alrededor de puntos importantes.
Autonomías...
Este sigue siendo uno de los puntos de mayor fricción. Las oligarquías de la “media luna” están en alerta y presionan con ayuda de la prensa para imponer a toda costa su plan autonómico, para controlar directamente la tierra y los recursos naturales.
El MAS reconoce las autonomías departamentales, pero busca una “regionalización” dándole ciertos espacios a los pueblos originarios en detrimento del poder de las capitales de departamento. Los "civicos y los municipios han salido a parar este intento, mientras otra comisión planteó llevar los poderes del Estado a Sucre.
... y negociación
Está por verse si habrá “consenso” pues se siguen discutiendo importantes cuestiones de reorganización del Estado, propiedad de los recursos naturales, regulación económica, etc.
En este escenario político, para que se dé el “final feliz” de una nueva CPE como expresión del “gran acuerdo nacional”, el MAS deberá hacer mayores concesiones a la reacción.
Los trabajadores y el pueblo no pueden esperar soluciones a sus demandas de fondo de una Constituyente que depende por entero de los pactos entre el MAS y las fuerzas empresariales.
Por Eduardo Molina