Los prefectos y comités cívicos de la media luna oponen a la nueva CPE sus propios estatutos departamentales, hechos a su medida, donde reclaman la mayor cantidad de atribuciones para la prefectura, incluida una policía propia para reprimir según sus deseos, el control de la tierra, la atribución de concertar acuerdos y contratos con las transnacionales por su cuenta para poder entregar el gas y los recursos naturales a cambio de migajas, y hasta el derecho de controlar las migraciones internas, en una clara muestra de racismo.
Estos estatutos buscan consolidar la dictadura regional de las élites y fueron confeccionados de la manera más antidemocrática posible, entre cuatro paredes, por los cívicos, los parlamentarios regionales y los consejeros departamentales, dando la espalda a los intereses más elementales de los trabajadores y el pueblo pobre de Santa Cruz y demás departamentos de las Tierras Bajas.