PARA EL 27 DE ABRIL los prefectos y comités cívicos de Santa Cruz y otros departamentos, pese a no contar siquiera con asomo de legalidad institucional, intentan darle alguna legitimidad a sus “estatutos autonómicos”, montando sus propios referendums y apelando una vez más a las banderas regionales para mantener su base social y encubrir su proyecto político ultrarreaccionario. Al mismo tiempo, pretenden mantener amordazada cualquier voz disidente con el matonaje de sus grupos de choque.
Esos estatutos han sido elaborados entre cuatro paredes, a la medida de las pretensiones de las camarillas de empresarios y terratenientes locales, con el objetivo expreso de asegurarse el control de la tierra, los recursos naturales y el poder político en “sus” departamentos, para seguir manejándolos como a sus fincas y haciendas.
El estatuto de Costas y Marinkovic pretende crear su propio régimen de tierras para proteger el latifundio, su régimen de recursos naturales para poder depredar los bsoques y negociar por su cuenta con las transnacionales petroleras y mineras, y su policía para reprimir a gusto cualquier lucha obrera o campesina. Desconoce abiertamente el derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios de la región condenados apenas a poder “conservar la cultura” y llega al extremo racista de plantear una “ciudadanía cruceña” y controlar las migraciones internas para mantener a la alta población de collas, aymaras y quechuas como habitantes “de segunda”.
Las élites burguesas de Tarija, Beni, Pando, Chuquisaca, etc. van por el mismo camino. Con todo ello, no sólo pretenden consolidar a los departamentos de la “media luna” como la trinchera de la reacción proimperialista en el país, sino mantener en la peor explotación y opresión a peones rurales, castañeras, obreros industriales y el conjunto del pueblo trabajador de las Tierras Bajas. Además el curso autonomista, si bien no puede poner en cuestión la unidad misma del país.
¡Los estatutos de las oligarquías autonomistas no deben pasar! Pero no es en las urnas sino en las calles donde se deberá derrotarlos. Para eso, hay que abandonar toda ilusión en la política de pactos y negociaciones que permanentemente sigue el gobierno del MAS (que aún espera “compatibilizar” de alguna manera estatutos y constitución), y pasar a preparar desde las organizaciones sindicales y populares, política y organizativamente, la más amplia movilización obrera y campesina en Oriente y todo el país, por la tierra, el salario y la nacionalización del gas y los recursos naturales.
Sólo así se podrá aplastar a la reacción.