Desde fines de octubre pasado, luego del paro de los trabajadores y con la posterior intervención de la Aduana en la empresa DBU-Swissport (transnacional que operaba los almacenes aduaneros), las demandas de los trabajadores no solo que no han sido atendidas sino que los representantes del gobierno intentaron una ofensiva, buscando que los trabajadores firmen contratos civiles, cuestión que ya ha sido rechazada.
Recordemos que los trabajadores reclamaban la reversión al Estado bajo control obrero colectivo, para asegurar la estabilidad laboral pudiendo crear nuevos puestos de trabajo y asegurar que los Almacenes dejaran beneficios para el Estado y el pueblo boliviano, sin volver a ser “botín político” y fuente de corrupción de funcionarios puestos a dedo como pasaba en las antiguas empresas públicas.
Pero el gobierno de Evo Morales puso al frente de la Aduana nacional nada menos que al ex Gral. Cesar López Saavedra, ex jefe del Estado Mayor durante la masacre de Octubre del 2003, para aplicar una política que rechaza los planteos obreros.
En enero, la Intervención ha hecho llegar al sindicato un proyecto de Decreto presidencial en el que se sugiere la posibilidad de revertir al Estado la administración de los almacenes, pero que en el artículo 11, refiriéndose a las condiciones laborales, indica que los estibadores estarían sujetos al régimen del estatuto del funcionario público (que prohíbe la organización sindical). Con ello se intenta barrer con la idea del control obrero colectivo que exigían los trabajadores e incluso destruir el sindicato, conquistado luego de las Jornadas de Junio del 2005. Este intento debe ser frenado. Llamamos a todos los trabajadores y al pueblo alteño a brindar nuestra solidaridad y el apoyo a las justas demandas de los trabajadores.