LA MASACRE de Raúl Reyes y otros 16 miembros de las FARC por el Ejército colombiano fue realizada violando el territorio ecuatoriano y constituye una clara provocación del gobierno proimperialista de Uribe que debe ser enérgicamente repudiada.
Es claro que el gobierno colombiano, uno de los más fieles aliados de Bush en la región, contó cuanto menos con el apoyo tecnológico y logístico de Estados Unidos para realizar este ataque, con el objetivo estratégico de buscar el aplastamiento y rendición incondicional de la guerrilla.
No es casual que este hecho se produzca luego de una nueva liberación unilateral de rehenes por parte de las FARC, cuestión que había fortalecido la presión internacional sobre el gobierno colombiano para que acceda al ‘canje humanitario’ que reclama la guerrilla. Uribe, cuyos lazos con los paramilitares y el narcotráfico son innegables, actuó también en beneficio de los intereses de Bush, que durante su gobierno incrementó la “ayuda militar” destinada al nefasto ‘Plan Colombia’.
El método utilizado para asesinar a Reyes, quien era el encargado de las gestiones de las FARC con distintos Estados de la región y de la Unión Europea, recuerda acciones similares de Israel contra dirigentes y activistas palestinos y de acuerdo a la doctrina de la ‘guerra preventiva’ practicada por EE.UU.
La entrada de tropas colombianas en territorio ecuatoriano sienta un precedente de enorme gravedad, ya que Uribe pretende legitimar la presencia de sus tropas en territorio extranjero, en la misma línea que el gobierno de Bush lo hizo con operaciones militares y detención de prisioneros en distintos países.
En medio de una fuerte polarización política en la región, la ruptura de relaciones entre Ecuador y Colombia, la expulsión del embajador colombiano de Venezuela y el cierre de fronteras entre estos países con movilización de tropas han extremado la tensión. Mientras Uribe, Alan García y sus aliados locales (como Tuto Quiroga y UNITEL) hacen propaganda antichavista según la letra que les pasa la Embajada; la OEA, junto a los gobiernos de Brasil y Argentina, parecen querer “mediar” para evitar una condena generalizada al gobierno de Uribe.
Es lamentable la conciliadora posición del gobierno nacional, por boca del canciller Choquehuanca, esperando que “no se perjudique el proceso de integración” cuando hacía falta una clara toma de posición contra la agresión de Uribe.
Sostenemos el derecho de Ecuador o cualquier otro país latinoamericano a defenderse frente a agresiones de carácter contrarrevolucionario y proimperialistas como la de la semana pasada. Llamamos a apoyar la lucha de los trabajadores, campesinos y estudiantes de Colombia contra el régimen entreguista y masacrador de Uribe. Llamamos a la unidad de los obreros y campesinos de Colombia, Ecuador y Venezuela contra el imperialismo y sus agentes. Exigimos el reconocimiento de las FARC como fuerza beligerante al gobierno del MAS. Las organizaciones sindicales bolivianas deben sumarse a la campaña internacional en repudio a la masacre y contra los planes imperialistas. Por la movilización internacional de los trabajadores y oprimidos del continente, en el camino de la unidad económica y política de América Latina.