El XXX Congreso de los trabajadores mineros debe enfrentar la entrega

El gobierno de Evo Morales ha entregado la fundición de Karachipampa, terminada en 1984 al enorme costo para el Estado y el pueblo bolivianos de 190 millones de dólares, a la transnacional canadiense Atlas Precious Metals en menos de la mitad de lo que costó.

Entre tanto, adelanta negociaciones con empresarios coreanos para que se hagan cargo de Corocoro, el gran yacimiento de cobre en La Paz.

En ambos casos, no se trata siquiera de emprendimientos nuevos, sino de instalaciones desarrolladas por el Estado a través de COMIBOL e inactivos desde hace años. Es lamentable que algunos dirigentes sindicales del sector lleguen a justificar esta política privatizadora y entreguista con el argumento de que “el Estado no tiene recursos económicos”.

El Gobierno, que acaba de destinar 600 millones de dólares para un “fondo productivo” a favor de los empresarios y exportadores, tiene recursos más que suficientes para reactivar esas y otras explotaciones mineras, pero no lo hace pues su política minera está jugada a la colaboración con las transnacionales a costa de los intereses nacionales y de los trabajadores. Por eso también regatea recursos para potenciar a Huanuni y no quiere integrar a la Fundición de Vinto, como puntales de una nueva minería nacionalizada.

Tras varias demoras, se ha dispuesto que el XXXº congreso de la FSTMB (Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia) se reúna entre el 24 y el 28 de marzo, en Villa Chuquiña, en el distrito minero de Inti Raymi (Oruro).

Uno de los temas prioritarios que debieran discutir en él los trabajadores del subsuelo es cómo levantar para un programa obrero para la minería, que comenzando por defender el salario, la seguridad laboral, el cambio del sistema de pensiones y una digna seguridad social, rechace la entrega de El Mutún, Karachipampa, Corocoro y otros distritos, impulse la nacionalización sin pago de las grandes empresas que explotan los recursos minerales de la nación, y la unificación en una gran empresa estatal integrada bajo el control y administración directa de los trabajadores, a partir de la conquista que significan Huanuni -con la experiencia del “control social” y Vinto nacionalizadas.

Todo esto es imposible sin romper la subordinación política de las organizaciones sindicales al gobierno.