La Supercomisión clandestina

Después del pacto congresal, comenzaron a conocerse los entretelones de cómo el gobierno y la oposición habían negociado durante semanas en secreto y a espaldas del pueblo.

Mientras una comisión congresal “pública” se reunía, otra, “clandestina” formada por las 4 fuerzas parlamentarias -MAS, PODEMOS, UN y MNR- rehacían el texto constitucional de arriba abajo.

Entre los principales “operadores” estuvieron los podemistas Carlos Börth y el tarijeño Roberto Ruiz, el cruceño Colanzi por Unidad Nacional y otros. El jefe neoliberal Tuto Quiroga y el “rey del cemento” Samuel Doria Medina (UN) avalaron la negociación; mientras que Carlos Romero y García Linera “tejieron” en nombre del oficialismo y con el aval de Evo.

La Razón (21/10) se frotaba las manos con el resultado editorializando que “los mejores acuerdos se consiguen entre pocos actores. Una reducida comisión de parlamentarios depuró el texto que, en un denso proceso caracterizado por los desacuerdos, había dejado una ineficaz Constituyente”.

“Las dos comisiones, una ‘visible’ y la otra ‘secreta’, cambiaron más de 200 artículos del texto aprobado en diciembre de 2007 en Oruro”, escribió Pulso (26/10).
Evo mismo, que había convocado a cientos de miles a Plaza Murillo para defender la nueva Constitución y exigir el referéndum aprobatorio, declaró que había jugado a una “constitución fuerte” para negociarla: “El Pacto de Unidad sabía exactamente que las propuestas que hicieron para aprobar en Sucre y después en Oruro eran un poco fuertes para después negociarlas. Hemos callado, y cuando hay que empezar a acordar, se acordó en los temas complementarios” (La Razón, 23/10).

Con este “método” García Linera y Evo Morales pasaron por arriba de la Asamblea, de su propia bancada constituyente y de las ilusiones democráticas de su base, a la que prometido en “refundar el país” vía nueva CPE, para convertir al texto que había sido aprobado en Sucre y Oruro en una “constitución transformer” ... modificada entre cuatro paredes hasta hacerla más “potable” para la clase dominante. La antidemocrática concertación fue sellada en la votación congresal que aprobó con 105 votos (incluyendo unos 22 opositores) el llamado a referéndum aprobatorio y dirimidor para el 25 de enero próximo.