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El crimen de O’Connor y la caída de Santos Ramírez

Un escándalo que enloda a oficialistas y opositores

 

El escándalo tiene profundas implicaciones para el gobierno y para el régimen. Aunque Evo Morales optó por “dejar hacer” a su antiguo colaborador para tratar de preservar la imagen gubernamental, lo cierto es que puede terminar pagando un alto costo político.



Claro que los negociados se realizan con la complicidad de masistas, neoliberales, medialuneros y empresarios. Es simbólico que con Ramírez estén implicados diputados de PODEMOS (C’rodova), Pablo Cossio, hermano del Prefecto autonomista de Tarija y O’Connor D’Arlach, empresario y descendiente de una de las familias más oligárquicas de esa región. ¿Será esta la tan proclamada “unidad nacional” que oficialistas y opositres proclaman?

La bandera de la lucha contra la corrupción descarada de los viejos partidos neoliberales fue una de las consignas del MAS más populares, pero en cuanto a las prácticas de corrupción y prebendas, el oficialismo aparece cada vez más enlodado en las prácticas tradicionales.

La política petrolera venía empantanada, sin que YPFB pudiera resolver sus dificultades. Catler Uniservice iba a construir una pieza clave para resolver algunos de estor problemas, como es la planta separadora de líquidos de Río Grande. Ahora, esto queda en la nada, mostrando que la estrategia de “nacionalización inteligente” de Evo, asociándose a las transnacionales y a los empresarios “productivos” nacionales, es un desastre para el país: como en los viejos tiempos, YPFB se transforma en fuente de negociados y enriquecimiento de unos pocos a costa del pueblo trabajador.

Pero el escándalo dice mucho de la cúpula gobernante. Muestra cómo a tres años de gestión del gobierno, sus intereses se entrelazan cada vez más con los del mundillo empresarial y la clase dominante y se distancia de las bases de los “movimientos sociales” que lo llevaron al gobierno. Es que no se puede dirigir el Estado burgués “con las manos limpias”. Podríamos definirla como el “aceite” que facilita el funcionamiento de la maquinaria estatal al servicio del imperialismo y los grandes empresarios. Estos hunden sus tentáculos dentro del Estado, a través de lazos económicos, familiares y sociales. Es imposible reformar al Estado burgués como dicen los masistas y reformistas de todo tipo.

Únicamente reemplazándolo por un estado obrero y campesino, basado en las organizaciones del movimiento de masas con la más amplia democracia directa, donde todo funcionario público gane lo mismo que un obrero calificado y todas las decisiones importantes sean decididas, ejecutadas y controladas por los trabajadores, los campesinos y el pueblo pobre.

Por Daniel Villaflor

El crimen destapó de la "olla podrida” en YPFB

  El martes 27 de enero se produjo el robo de $us 450.000 en una vivienda de Miraflores, La Paz, en un asalto donde asesinaron al empresario tarijeño Jorge O’Connor D’arlach.

  El sangriento hecho se produjo con la presencia de dos cuñados de Santos Ramírez: Javier Navia Doria Medina y Juan Carlos Navia Doria Medina y en la puerta de la casa donde vivía el primo de éstos: Franklin Aramayo Doria Medina

  O’Connor era presidente de Catler Uniservice, empresa que se adjudicó en julio de 2008 un contrato por 86,31 millones de dólares por invitación directa con YPFB para construir una Planta Separadora de Líquidos, Gas Licuado de Petróleo y Gasolina, a construirse en Río Grande, Tarija. El registro de Uniservice en FUNDEMPRESA es de septiembre del 2008, (dos meses después de la firma del contrato) e indica que la firma posee un patrimonio de sólo Bs. 50.000.

  Este contrato no fue registrado en la Controlaría General de la República, ni enviado al Viceministerio de Transparencia , ni protocolizado en la Notaría de Gobierno.

  O’Connor tenía como socio a Pablo Cossío Cortes, hermano del Prefecto de Tarija (Mario Cossío Cortes). Catler Uniservice tenía denuncias anteriores por incumplimientos de contratos en el Departamento de Tarija, donde se había adjudicado varios contratos millonarios.

  Los hermanos Ernesto y Luís Fernando Córdoba Santivañez, acusados de ser autores intelectuales del robo, son los propietarios de prostíbulos famosos de La Paz, como “Caballito” y “Anaconda”, varias veces clausurados por la policía por trata de personas, drogas y hechos de sangre. En mayo del 2008 fueron detenidos por prostitución de menores. Un tercer hermano, Marco Antonio Córdoba S. es diputado por PODEMOS y fue involucrado en la concesión de visas a ciudadanos chinos, junto a otros parlamentarios oficialistas y opositores (entre ellos Santos Ramírez).

  El dinero robado a O’Connor, según reconoció Evo Morales, “provenía de los contratos de yacimientos”. Y el destino mas probable era para pagar una coima a Santos Ramirez, correspondiente al 10% del último adelanto de contrato pagado a la empresa, por aproximadamente $us. 5.000.000. En definitiva se trataría en realidad de un “volteo”, es decir el robo de dinero ilegal, y que por lo tanto no podría ser denunciado por la víctima, pero el asesinato de O’Connor destapó el escándalo.

  Este escándalo se suma a otros como el de los 33 camiones con contrabando que escaparon a Brasil, en el que el principal implicado es el Ministro de la Presidencia Ramón de La Quintana, las "visas chinas", la venta de avales, el robo de tractores, las Terán, etc.



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