El gobierno ha anunciado con bombos y platillos el inicio de operaciones de la empresa Coro Coro (que producirá cobre) en manos de una empresa coreana, es decir, continuando su política de concesiones a las transnacionales mineras (como ya mostraron la concesión de El Mutún a la indo-británica Jindal y otras). Casi al mismo tiempo, el gobierno comprometía respetar la “seguridad jurídica” a la trasnacional española Abertis Aena, que opera a través de su filial SABSA los aeropuertos centrales del país, y su Ministerio de Trabajo emitía un laudo arbitral perjudicial a las justas demandas de los trabajadores aeroportuarios. Entre tanto, actúa como “operador comercial” de grandes empresarios como Iberkleid y otros exportadores.
Toda esta práctica gubernamental es expresión de la estrategia del MAS de colaboración de clases con los empresarios, los terratenientes y las transnacionales, y en la que se basan los pactos que el gobierno mantienen con diversos sectores empresariales, nacionales y extranjeros. Con ello, los capitalistas mantienen “seguridad jurídica” tienen el pleno respeto a la propiedad privada de fábricas, empresas y bancos, y se les garantiza no sólo el mantenimiento de las condiciones de explotación de los trabajadores impuestas bajo los gobiernos neoliberales (bajos salarios, precarización, flexibilización y terciarización laboral, recorte de conquistas obreras, restricción de derechos sindicales, etc.), sino que el Gobierno, con la intervención de su Ministerio de Trabajo y la ayuda de los dirigentes oficialistas, les garantiza también “paz social”, esto es, que las luchas de los trabajadores no se extiendan hasta cuestionar ese estado de cosas que sólo beneficia a los empresarios.
El contenido de esos pactos “no escritos”, justificados con la idea de unir al esfuerzo de empresarios y obreros para “producir” y para “exportar” (como en textiles), o de asociar al desarrollo nacional al capital extranjero (como en minería e hidrocarburos), es mantener bajos salarios y el máximo de explotación, para que los empresarios engorden al máximo sus ganancias a costa de la explotación y el sacrificio de los trabajadores.
Para lograr esto, cuentan con la colaboración de las directivas de los entes matrices como la COB, las CODes y la mayoría de las Confederaciones y federaciones, que no plantean la lucha por el salario y demás demandas obreras, y cuando algún sector sale a reclamar, lo dejan aislado y “miran para otro lado” o intervienen para frenar la lucha.
Así, hemos visto en ex DBU que debido a las presiones de dirigentes masistas de la COR, se llevó a los trabajadores al desgaste y desmoralización de su sindicato, hasta imponer el lamentable saldo del despido de 74 trabajadores, todos ellos combatientes por la nacionalización de la empresa.
En Luz y Fuerza (EDESER) en la Paz los trabajadores no pueden imponer el pago correspondiente de su laudo arbitral ya ganado, debido a que desde el gobierno se hacen respetar argumentos legales que favorecen a la trasnacional española IBERDROLA. Recientemente, los trabajadores de La Estrella se vieron obligados a llevar adelante una huelga y ocupación de empresa pese a la oposición de miembros del sindicato.
Además, cada vez que la política de conciliación, pactos y compromisos con los empresarios es cuestionada por los trabajadores, el gobierno y sus amigos dirigentes atacan a la vanguardia, como sucedió en Huanuni, sancionando a luchadores que impulsaron la lucha por la ley de Pensiones, atacando por trotskistas a dirigentes combativos del magisterio, etc.
El gobierno llega al extremo de impedir que sectores de trabajadores estatales se sindicalicen, como ha decidido con los trabajadores de Boliviana de Aviación (BOA) que estén sujetos al “estatuto de funcionario público” (heredado de las dictaduras) y que prohíbe organizar sindicatos a los empleados del Estado. Hace un tiempo, los trabajadores municipales de la Paz, Cochabamba y otras ciudades han debido movilizarse reclamando este derecho ante la negativa oficial.
Así, gobierno y empresarios mantienen las condiciones más favorables para acumular grandes ganancias bajando los “costos laborales”, pero cuando hay dificultades económicas, siempre las pagan los trabajadores, con despidos, precariedad y salarios de hambre. Hoy, además de contar con la ayuda de los dirigentes burocratizados, aprovechan el clima de la campaña electoral para contener y postergar los reclamos obreros, sabiendo que siempre a fin de año, hay presión de los trabajadores por lograr alguna recomposición salarial, por el cumplimiento en fecha del aguinaldo y otros beneficios, etc.
Ante esta situación, la tarea que tienen planteados los trabajadores avanzados y los dirigentes de base combativos, es impulsar la solidaridad con las luchas, buscando la mayor unidad con aquellos sectores que estén dispuestos a salir en defensa del salario, del cumplimiento de los derechos sindicales y todos los beneficios laborales (bonos, aguinaldo, etc.), contra los abusos patronales y despidos, por la estabilidad laboral.
En este camino habrá que enfrentar no sólo a los empresarios, sino también el rol del gobierno y sus funcionarios laborales, y a las propias direcciones de la COB, CODes, COR, etc., que apoyan su política y no encabezan las luchas obreras.
Es necesario comenzar a discutir cómo unir la lucha sindical y política. Sindical, ya que no podemos permitir que nuestros compañeros de diversas empresas y fabricas, peleen solos. Es necesaria la mayor y más amplia solidaridad obrera y popular en cada lucha, en cada reclamo, para evitar que con cada derrota empresarios y Gobierno avancen en sus intenciones de que nuestro salario sea la “esponja” que absorba los costos de la crisis para preservar sus ganancias. Política, ya que esta lucha es inseparable de la pelea por la independencia política de la clase obrera y contra la ilusión de que se pueden “conciliar” o “armonizar” los intereses de los empresarios y de los trabajadores, o de que confiando en el Gobierno y su Ministerio de Trabajo, se puede obtener respuesta real a nuestros problemas.
Por Javo Ferreira