¿Es la interculturalidad la forma de salir del atraso y la pobreza?

Autonomías indígenas

A partir de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, se pone en marcha la aplicación de las llamadas autonomías indígena-campesinas, como expresión territorial e institucional de la interculturalidad, ya que para que haya interculturalidad, es decir “diálogo” entre culturas, es necesario que existan en primer lugar los sujetos portadores de estas culturas. Estas autonomías tendrían la posibilidad a partir de su estructuración en el Estado de constituirse como tales. Este reordenamiento político, institucional y cultural del Estado seria el mecanismo para salir del atraso y la miseria al reconocer e incluir a los pueblos indígenas y abrir paso así, según los personeros de gobierno1, a la redistribución de recursos naturales y poder político a estas nuevas instituciones estatales. En palabras del vicepresidente: “En otros términos, voy a trabajar la propuesta de una descentralización política en el nivel intermedio del Estado, bajo la forma de regímenes autonómicos con comunidades lingüísticas indígenas. El interés que deposito en esta temática se debe a que uno de los grandes problemas de la incompletitud estructural de la formación estatal boliviana, de su gelatinosidad institucional y permanente desencuentro con la sociedad, radica precisamente en su monoetnicidad y monoculturalidad que ha dado lugar, desde el nacimiento como república, a estructuras políticas excluyentes, sistemas de reconocimientos sociales racializados y continuos procesos de disgregación interna.”2 Así, García Linera le quita toda sustancia a su diagnóstico, al negarse a hablar en sus trabajos, en sus discursos y finalmente en sus políticas del papel de las relaciones y antagonismos de las clases sociales en ese entramado “gelatinoso”. La operación ideológica es negar el carácter de clase de los fenómenos reales de los que habla y denuncia, reduciéndolos a sus manifestaciones étnico-culturales, como el lenguaje y color de piel, con lo que pretende detenerse en las soluciones superficiales, sin abordar las bases materiales a las que está sujeta la situación de opresión de los pueblos originarios, entre ellas: el acaparamiento de tierras por las oligarquías regionales en el Oriente, la explotación capitalista de los trabajadores que encuentra en el racismo y la discriminación étnico-cultural un refuerzo social e ideológico, la subordinación al imperialismo.

La “interculturalidad”

Esto no es olvido o casualidad, tiene que ver con la adaptación política operada en los círculos de la izquierda de clase media durante los años 90, período de enorme retroceso ideológico y extensión de las ideas de la “posmodernidad”, y en la que la “descolonización” y la “interculturalidad” fueron tomando cuerpo hasta llegar a convertirse en Bolivia en política estatal.
El discurso del relativismo cultural y su expresión política concreta, la interculturalidad, se fue desarrollando en Europa y EEUU en los primeros años 90. Entre sus fundamentos podemos señalar: La enorme ofensiva ideológica que las burguesías imperialistas desplegaron luego de la caída del Muro de Berlín y el colapso de lo que hasta entonces se conocía como “socialismo” real, en una etapa de duras derrotas y reflujo de los trabajadores a nivel internacional. Esto servía de justificativo a la proclama nihilista del fin de los “meta relatos”, “de todo universalismo”, del “fin de la historia” para decir que habían muerto el proletariado y la posibilidad de una emancipación socialista de la humanidad. Cuando diversos movimientos de resistencia, como el de los pueblos indígenas comienzan a desarrollarse, se pretenderá encausarlos dentro del régimen de la democracia, con un discurso de “inclusión” y “reconocimiento” que permita desgastar su filo más cuestionador y subversivo a cambio de pequeñas concesiones de tipo político-formal.

Otro elemento en el desarrollo y extensión de las políticas interculturales, va a provenir de las necesidades de las transnacionales que dominan la investigación biológica y genéticas, la alimentación y la industria farmacéutica, que advierten que los saberes y conocimientos de los pueblos oprimidos del Tercer Mundo, particularmente indígenas, podían ser fuentes de multimillonarios negocios y por lo tanto había que promover y proteger su preservación como “patrimonios intangibles o culturales de la humanidad”.

En Bolivia, la particular confluencia de elementos tan contrapuestos como la situación de demandas nacionales insatisfechas entre los aymaras, quechuas y pueblos del oriente, la necesidad de fortalecer el Estado burgués en todo el ámbito territorial, incluida el área rural, las necesidades de ‘modernización’ para el desarrollo del capital, llevaron a que el primer gobierno de Sánchez de Losada, como parte de las “reformas de segunda generación” neoliberales, impusiera leyes conocidas como expresión del interculturalismo o multiculturalismo liberal: la Reforma Educativa y la Ley de Participación Popular La Ley de participación popular fue considerada por el movimiento indígena una de las peores formulas de colonización, ya que lo que provoco, fue la acelerar los procesos de disgregación comunal al sentar las bases del Estado burgués semicolonial en los lugares donde no existía. AGL, sin embargo opina que: “En todo ello hay que reconocer que la participación popular ha permitido, no tanto por intención propia sino por empuje de las propias comunidades, que varias alcaldías modifiquen parcialmente los usos lingüísticos en la gestión administrativa.”3 (que incluye en el proceso de municipalización las áreas campesinas e indígenas) y la ley INRA que incorpora la figura de las Tierras Comunitarias de Origen. Fracasadas las políticas tradicionales de la burguesía boliviana, de mantener oprimidos o “disolver” a los pueblos indígenas, a través de estos mecanismos, se pretendía cooptarlos y contenerlos bajo un discurso “pluri-multi”.

Las políticas del MAS

El actual gobierno y su nueva CPE, bajo la denominación del Estado Plurinacional de Bolivia, propone una limitada “reingeniería” del sistema político basada en el reconocimiento constitucional y las autonomías indígenas como respuesta a la cuestión nacional. Sin embargo, al reducir las autonomías a las regiones campesinas, por un lado niega derechos nacionales a los millones de habitantes urbanos, como los pobladores de origen aymaras que han formado la ciudad de El Alto, y por otro lado, las autonomías indígenas, quedan enmarcadas en los departamentos y confinadas a áreas empobrecidas, sin desarrollo productivo e industrial, lo que las convertirá en presa fácil de la voracidad de empresas y trasnacionales, que podrán aprovechar la etiqueta intercultural para acceder al saqueo de sus materia primas y recursos naturales.

Vemos como el discurso intercultural ligado a la llamada “revolución democrática y cultural”, descolonizadora es en realidad la cobertura ideológica de las más rancias recetas reformistas, ya que creer que con esas diluidas concesiones político-institucionales, confinando a los pueblos indígenas en sus regiones, facultándolos a crear nuevos impuestos, que pagarán ellos mismos, se puede escapar a la pobreza y alcanzar un pleno desarrollo material y cultural es solo demagogia reaccionaria.

Por supuesto, tampoco resuelve nada creer que si los hijos de la burguesía aprenden un idioma nativo en el sistema educativo (ya que la interculturalidad se sostiene en el bilingüismo), se terminarán el racismo y la “exclusión urbana”. Esto no cambiará en nada la situación de las hijas e hijos de aymaras, quechuas y guaraníes que, por ejemplo, deben servir de trabajadoras del hogar, peones, obreros, etc. en la peor superexplotación.
El programa obrero y socialista que defendemos los trotskistas, no niega las demandas nacionales de los pueblos originarios. Todo lo contrario, las apoya en cuanto tienen de progresivo y cuestionan profundamente el orden capitalista que el MAS pretende “humanizar”. Defendemos no solo el derecho a la Tierra y el Territorio, a organizarse autónomamente, sino a la completa autodeterminación (incluso, a una separación de estas nacionalidades si así lo desearan). Sin embargo los marxistas no les mentimos a los pueblos oprimidos: ninguna autonomía ni separación garantiza la superación de la miseria, el atraso, el racismo y la discriminación étnica, bajo la mano de las burguesías semicoloniales y el imeprialismo. Es preciso romper con el sistema capitalista que tiene sus fundamentos en la explotación y la opresión de las amplias mayorías trabajadoras y populares. Un poder revolucionario de los obreros, campesinos, indígenas y sectores populares empobrecidos es el único que podría reconstruir desde sus cimientos la economía y la sociedad y así, dar respuesta real a las demandas nacionales de los pueblos originarios.

Marxismo e indigenismo

En el próximo número de nuestra revista teórica Lucha de Clases (en preparación), abordaremos no solo estas problemáticas de enorme actualidad sino que intentaremos bosquejar una interpretación marxista de la estructura y dinámica actual de la comunidad campesina, frente a distintas visiones indigenistas e indianistas. La contribución de los estudiantes de la UPEA con los que hemos abordado estos temas ha sido una valiosa contribución para avanzar en un programa y un posicionamiento político que sin devaluar la enorme importancia que tienen en nuestro país los problemas étnico-culturales originados en la opresión de más de 30 nacionalidades e idiomas, plantee claramente que no tendrán solución real -como tampoco la miseria y explotación de nuestros pueblos- en los marcos del orden económico, social y político y cultural del capitalismo, sino es ligados e una estrategia de emancipación revolucionaria y socialista.

Por Javo Ferreira