El MAS quiere alcanzar el control del senado y una mayoría parlamentaria de 2/3, para poder avanzar más fácilmente en las numerosas leyes que necesitará para implementar el nuevo ordenamiento estatal delineado en la Constitución Política del Estado: el nuevo régimen del Estado Plurinacional de Bolivia. Por su parte, la derecha lucha por retener el mayor espacio parlamentario posible, para condicionar y obligar a nuevos pactos al MAS y para mantener vigencia política.
Dos “frentes de lucha” entre oficialismo y opositores son la disputa por el voto en santa Cruz y otros departamentos orientales, donde el MAS busca perforar el antiguo control electoral de cívicos y políticos derechistas; y la disputa por el voto de las clases medias, donde el oficialismo trata también de recuperar terreno y lograr una mayoría de apoyo urbano.
La importancia que da el MAS a estos objetivos lo muestran el tono general más que moderado y “clasemediero” de su campaña, la integración de sus listas con figurones de derechos humanos bien vistos en la pequeña burguesía como Ana M. Campero o los candidatos puestos por el Alcalde paceño Del Granado; y también los vergonzosos acuerdos para incorporar sectores de la Juventud Cruceñista (grupos de choque de la asonada reaccionaria de septiembre del 2008) y del autonomismo.
Un gobierno fortalecido
En este marco, el gobierno aparece fortalecido, contando con una situación económica de “desaceleración” y algunas dificultades que lo obligan a recortar fondos (como con el IDH y otras partidas de gasto social para el 2010), pero manteniendo un crecimiento del 3% del PBI este año y el “equilibrio macro económico”, lo que le valió la complacencia de empresarios y banqueros y hasta felicitaciones del FMI.
No es casual que tenga buen trato con empresarios y exportadores, esté “reconciliándose” con la oligarquía cruceña y mantenga buenas relaciones con las transnacionales, en particular los grandes inversores mineros, a todos los cuales les garantiza “paz social”, contención de los reclamos por el salario y el empleo, y “seguridad jurídica” para hacer grandes negocios y jugosas ganancias.
Además, si por un lado mantiene excelentes relaciones con los mandos militares y policiales y ha logrado ampliar su control del aparato estatal y la justicia, por otro lado cuenta con amplio apoyo social y ha logrado cooptar a las direcciones de la COB y la mayoría de los sindicatos, además de las organizaciones del CONALCAM, lo que le garantiza control sobre el movimiento de masas, le permite aislar las luchas y hasta perseguir a los sectores de vanguardia.
Esta fortaleza política del MAS tiene uno de sus puntos de apoyo claves en los pactos y acuerdos con las distintas expresiones de la clase dominante (y con el aval de la OEA, Brasil y UNASUR), que, ha cambio de enormes concesiones y garantías a la burguesía han viabilizado la aprobación de una nueva CPE “consensuada” con la derecha y el llamado a estas mismas elecciones de diciembre.
El rumbo del MAS y el nuevo régimen del “Estado Plurinacional”
Por todo ello, el curso del MAS es a consolidarse como “árbitro” nacional, acentuando sus rasgos semibonapartistas. Desde el punto de vista de las relaciones con las clases sociales, esto significa que diluye aún más su carácter frentepopulista (su dependencia y permeabilidad a las presiones de los “movimientos sociales”) imponiendo más bien su control sobre la clase trabajadora, los campesinos y los sectores populares a través de una burocracia adicta; y que avanza en acuerdos cada vez más profundos con la burguesía nacional y el capital extranjero.
Desde el punto de vista político, de la mecánica del régimen y su juego de instituciones, esto apunta a que en el nuevo “Estado Plurinacional de Bolivia” que Evo tratará de consolidar en su muy posible segundo mandato, el Poder Ejecutivo tendrá atribuciones aumentadas, la Asamblea Legislativa Plurinacional debe legitimar y a lo sumo adecuar sus proyectos, y las autonomías departamentales -garantías para la derecha- quedan disminuidas y subordinadas al Estado central.
Este programa se sintetiza en el nuevo régimen del “Estado Plurinacional de Bolivia” consagrado en la nueva CPE, que refuerza el rol del Estado como mediador e impulsor de la acumulación capitalista (a través de un sector reconstruido de empresas públicas, como YPFB, BOA, COMIBOL, etc.), un programa económico neodesarrollista (de asociación con el capital extranjero y nacional) y un aumento del gasto social (obras públicas, bonos), para paliar la pobreza y acolchonar las tensiones sociales, sin alterar los bajísimos salarios y las enormes tasas de explotación de los trabajadores que son la fuente de las grandes ganancias que hacen los grandes, medianos y pequeños empresarios convocados a construir el “capitalismo andino” .
Pese a la competencia electoral, priman los pactos
El Semanario neoliberal Pulso dice que la polarización política se está diluyendo y que “no hay oposición”. UNITEL se queja de que hay que “calentar la campaña”. Que en plena campaña electoral pese ese clima de distensión tras la larga crisis política que crispó el país en tiempos recientes se explica por los pactos que han limado diferencias y aproximado posiciones. El gobierno viene girando a la derecha, como garante de la contención del movimiento de masas y “árbitro” nacional, al frente de un plan de reformas en los marcos del orden burgués que ha terminado por ser aceptado, con más o menos reparos, por la mayor parte de la clase dominante pues para nada pone en riesgo la propiedad privada (como el mismo Evo no se cansa de repetir) ni los intereses claves de la burguesía y el imperialismo.
La oposición derechista sufrió derrotas políticas durante el año pasado pero logró pactos favorables y grandes concesiones en la CPE y bien que mal, se preparan a ser oposición dentro del nuevo esquema económico y político, para obtener los máximos beneficios posibles, bloquear cualquier “veleidad” populista del gobierno y ponerle límites a su uso de la autoridad, esperando mejores tiempos para volver al poder.
Ni oficialismo ni oposición
El 6 de diciembre, además de definir el personal político que se sentará en el palacio Quemado y los curules del Congreso, no se vota “la profundización del proceso de cambio” ni “un paso hacia la liberación nacional”, sino la consolidación del proyecto del MAS de colaboración de clases con los empresarios, los banqueros, los terratenientes y el capital extranjero, y un salto en la estabilización política del país, basada en enterrar la “Agenda de octubre” y postergar las demandas obreras, campesinas, indígenas y populares, en lo que básicamente, a pesar de sus diferencias y disputas, coinciden el MAS y la oposición. Es contra ese nuevo régimen que los trabajadores y el pueblo pobre tendrán que prepararse a luchar por sus demandas inmediatas e intereses históricos.
Por Eduardo Molina