500 detenidos, 150 presos, 323 personas investigadas: abajo la persecución y represión del estado de excepción de Rodrigo Paz!

Tras más de 50 días de bloqueo que pusieron al gobierno tras las cuerdas, la Central Obrera Boliviana (COB) se sentó a dialogar y negociar con un gobierno odiado, traicionando la movilización y lo resuelto en diversos cabildos y asambleas en todo el país.

Pero la traición del dirigente de la COB, Mario Argollo, además, trajo una amarga sorpresa. No sólo porque se dejó por fuera del acuerdo a cientos de presos políticos, procesados e investigados a los que se les han levantado procesos injustos y arbitrarios, sino que porque la traición de la COB entregó carta blanca al gobierno para militarizar el país.

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En La Paz ciudad no se nota, no se ven militares ni tanquetas. Sin embargo, uno sube a El Alto y es recurrente ver pasar caravanas de militares y policías por el Distrito 8 o por Río Seco con el único fin de amedrentar a la población y crear una sensación de persecución.

No sólo eso. Durante estas casi 2 semanas el gobierno, mediante las gobernaciones, pretenden perseguir a dirigentes, autoconvocados y activistas que estuvieron en las movilizaciones, sin embargo, al carecer de pruebas y antecedentes no encuentran nada mejor que detener gente inocente.

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Tenemos el caso de Renzo Mamani, joven trabajador y estudiante acusado de quemar una camioneta policial en el camino a Laja el pasado 12 de junio, momentos en los que el joven se encontraba en su casa. Sus familiares denuncian racismo y clasismo por parte de la policía y la justicia ya que el joven sólo fue detenido y procesado por cómo estaba vestido.

Otro caso es el de Maruja Chipana, comerciante de verduras y madre de 9 hijos, acusada de quemar y saquear la Subalcaldía de El Alto el pasado 17 de junio, acto que habría realizado supuestamente en compañía de dos de sus hijos, uno menor de edad y el otro con discapacidad. Una acusación absurda. ¿Su pecado? Ser mujer de pollera.

Adicionalmente, mediante el ProDHCre, hemos tomado nota de que la fiscalía emitió órdenes de aprehensión en contra de las parejas de diversos miembros y activistas de las movilizaciones. Bajo el único argumento de ser sus parejas, son acusadas de terrorismo, incendio, daños, etc. Se trata de padres y madres de familia, no son delincuentes ni terroristas.

En este mismo arco de persecución tenemos dirigentes y referentes políticos como Wilma Alanoca, detenida en la Plaza Murillo por grabar un video, pasó un par de días detenida y quedó finalmente en libertad pura y simple. También figuran dirigentes como Justino Apaza, ex dirigente de la FEDEJUVE, quien se encuentra aún detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro por 6 meses; o el caso de Alberto Quelali, ex dirigente del Distrito 14, y Pablo Merma, ex dirigente de la Federación Tupac Katari, ambos acusados de delitos como terrorismo, instigación pública a delinquir, daño y deterioro de bienes del Estado, entre otros.

En términos generales, la propia Fiscalía de la Paz señala que existen 120 procesos penales que involucran a 323 personas investigadas, 150 de estas fueron aprehendidas y están con medidas cautelares, y 22 quedaron en prisión preventiva.

Por su parte, la Comisión Argentina Internacionalista en Bolivia, tras su breve visita, logró establecer la existencia de cerca de 500 detenidos y procesados en todo el país: 237 de La Paz, 63 de El Alto, 92 de Cochabamba, 45 de Oruro y 5 de San Julián en Santa Cruz.

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También observaron que a varios de los jóvenes detenidos en el Alto, Cochabamba y Santa Cruz se les sustrajeron sus documentos y billeteras. Hay denuncias de detenciones de menores de edad y estudiantes universitarios, siendo golpeados por la policía, con arrestos que duraron más de 8 horas y en celdas por varios días.

Señalan que las audiencias de medidas cautelares se demoran y retrasan, se les obliga a los detenidos a asumir la defensa pública, abogados que a su vez los presionan a autoinculparse por delitos que no habían cometido.

Belén Dávalos, psicóloga del ProDHCre (Profesionales por los DDHH Contra la represión estatal en Bolivia) señaló que “desde que el gobierno de Rodrigo Paz ha respondido con el Estado de Excepción, no solamente se han incrementado el número de personas arrestadas, investigadas, procesadas y detenidas en centros penitenciarios, sino que además se está utilizando el sistema judicial como un arma de guerra”.

Agregó que “queremos sumar una denuncia a una táctica cobarde y profundamente patriarcal del régimen que es la persecución selectiva a mujeres y familiares de los dirigentes y compañeros detenidos. Nos han llegado más de 10 órdenes de aprehensión en contra de compañeras, esposas, madres, hermanas, hijas que están siendo sometidas a allanamiento en las madrugadas, seguimientos, interrogatorios y detenciones arbitrarias. El gobierno sabe que no puede derrotar a la organización popular, así que está buscando quebrar la moral de las familias, castigan a las mujeres que son quienes sostienen las redes de cuidado y solidaridad”.

Desde el ProDHCre, Dávalos exigió, “la libertad inmediata de todas las personas investigadas y detenidas, de todos los presos políticos por luchar; basta de perseguir a las familiares de los dirigentes. Exigimos verdad y justicia por todos los muertos”.

Finalmente, como parte de su intervención en la Conferencia Online realizada por la comisión de derechos humanos, desde el ProDHCre recalcaron “abajo el estado de excepción y arriba la lucha del pueblo boliviano”.

Todo lo denunciado por el ProDHCre da cuenta no solo del racismo de la Fiscalía, a la que le basta con que alguien sea pobre o indígena para perseguir y criminalizar. El problema más profundo es la naturalización de este estado de cosas, donde el gobierno se autoproclama democrático, pero mientras militariza El Alto y el Chapare, persigue a las mujeres familiares de luchadores y activistas, persigue y detiene dirigentes, esto no tiene nada de normal.

Es necesario impulsar una gran campaña democrática contra la hipocresía del gobierno y para echar abajo este estado de excepción, hecho a la medida para perseguir a los sectores pobres e indígenas. Todas las organizaciones que se precien defender los derechos humanos deben exigir inmediatamente el cese del estado de excepción y de las violaciones a los derechos humanos, el desprocesamiento de luchadores, dirigentes y de sus familiares. A nivel internacional es necesario poner todos los ojos sobre Bolivia.